El Gobierno niega, pese a las innumerables denuncias y ciudadanos afectados, muchos con auténticos dramas personales y familiares, la ‘okupación’ de viviendas en España y acusa al PP de generar una «alarma social sin fundamento» con el tema de la «okupación», falseando, exagerando y distorsionando datos, para «fabricar titulares alarmistas» que solo benefician a los que intentan hacer negocio con este problema.
«Considero que este fenómeno, el de la ‘okupación’, no es alarmante», ha afirmado este martes el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, dependiente del Ministerio de Vivienda, que dirigido por Isabel Rodríguez, no solo ha conseguido en dos años que la ‘okupación’ de viviendas se dispare en España, sino que ha logrado precios récord de los inmuebles, tanto en alquiler como en propiedad, al tiempo que se ha reducido la oferta inmobiliaria hasta tal punto que ha estrangulado al mercado.
En este sentido, durante la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, Lucas ha insistido en que esta ocupación ilegal solo equivale al 0,06 % de las viviendas, lo que pone de manifiesto que se trata de algo «excepcional».
El Gobierno asegura que los datos de ‘okupación’ de viviendas que salen a la luz en España son falsos y solo sirven para crear alarma social y hacer negocio
El ‘número 2’ del Ministerio de Vivienda ha denunciado que los datos que trasladan desde el PP «son falsos» y les ha acusado de hacer «piruetas sumatorias» con los distintos tipos penales como si fueran todos de ‘okupación’ para «fabricar titulares alarmistas», que solo benefician a los que se lucran con este fenómeno.
En este sentido, ha apuntado que los datos del Consejo General del Poder Judicial indican que, en el segundo trimestre del año, los juicios verbales posesorios para reclamar la propiedad descendieron un -23,8 % respecto al mismo período de 2024.
Durante su intervención, ha asegurado que el Gobierno se toma muy en serio todas las políticas de vivienda, es riguroso y exigente con los datos.
Además, trabaja en todas las vertientes para garantizar la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad, al tiempo que defiende a los que menos recursos tienen, ha precisado.
En el mercado del alquiler, donde el 85 % de los caseros son pequeños propietarios, Lucas ha destacado que los arrendamientos entre particulares no se están reduciendo, sino que están aumentando.
También ha recordado que se ha reforzado la Ley de Enjuiciamiento Civil, la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y se ha solicitado a la fiscalía actuaciones para dar una respuesta contundente.
Desde el PP le han advertido de que se puede producir un «altercado social» en unos meses y de que hay que sacar a la vivienda de la ecuación electoral.
En su opinión, el Gobierno está «pisoteando» las competencias autonómicas al imponer sus medidas, cuando, sin las compañías privadas, la solución al problema es inabarcable y que hay que tomar medidas a corto plazo para dar seguridad a todas las partes, mejorar la regulación y reducir la burocracia y los plazos.