El impuesto de no residentes en los fondos foráneos, en manos del Supremo

El impuesto de no residentes en los fondos foráneos, en manos del Supremo

23 junio, 2022
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Actualizado: 24 junio, 2022 0:43
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El Tribunal Supremo ha admitido a trámite varios recursos de fondos de inversión europeos y de la Abogacía del Estado por la solicitud de rectificación de autoliquidaciones y la consiguiente devolución de ingresos indebidos por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR).

El pasado 15 de junio, el alto tribunal admitió dos recursos del fondo francés FCP Villiers Taux Candriam y otros dos del fondo Ecureuil, también radicado en el país vecino, contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así como otro de la Abogacía del Estado contra una resolución de la Audiencia Nacional.

El TSJM dio la razón a Hacienda, en tanto que la Audiencia Nacional estimó el recurso de un fondo alemán, por lo que ahora el Supremo deberá abordar el criterio de Hacienda sobre grandes contribuyentes no residentes.

En su recurso, el Abogado del Estado destaca el hecho de que la doctrina que sienta la sentencia de la Audiencia Nacional «afecta a un gran número de situaciones».

Según datos facilitados por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT recogidos por la Abogacía del Estado, a finales de septiembre habría 8.215 solicitudes de devolución recurridas en vía económico-administrativa, por una cuantía cercana a los 54 millones de euros.

En vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional, existen 11.490 solicitudes de devolución por importe aproximado de 107 millones de euros.

Aunque la legislación sobre los tributos que deben afrontar los fondos europeos que operan en España está clara, no lo es tanto en relación con los fondos de inversión libre o «hedge funds», ya que la directiva europea es aplicable sólo a los fondos armonizados.

Los fondos franceses reclaman igualdad de trato y denuncian que se ha vulnerado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la libertad fundamental de circulación de capitales, y acusan a Hacienda que les aplique la legislación española y no la europea.

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