El juez Pedraz archiva la causa de CaixaBank por la compra de BPI

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa que investigaba presuntas operaciones complejas de CaixaBank para adquirir el banco portugués BPI, en 2017.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado central de Instrucción número 5 concluye que, del último informe pericial aportado al caso no se desprende «ni un uso de información privilegiada (…) ni una administración desleal (…) ni manipulación de la contabilidad».

La querella, presentada por dos accionistas y admitida a trámite en octubre de 2018, se dirigía contra la cúpula del banco, incluidos el expresidente Isidro Fainé, y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar.

CaixaBank mantenía una participación minoritaria en el BPI desde 1995 hasta que, en 2017, cerró con éxito su opa sobre el banco portugués y pasó a controlar el 84,5 % de su capital, gracias a un desembolso de 644,5 millones de euros.

Según recogían los querellantes, las irregularidades habrían partido de una serie de operaciones en torno al contrato de permuta del 17,24 % del capital que CaixaBank poseía en el Bank of East Asia (BEA) y que en diciembre de 2015, con Fainé aún como presidente, transmitió a su «accionista de control», Criteria.

En opinión de éstos, la transacción, en la que Criteria transmitió como contraprestación a CaixaBank acciones propias del banco que representaban un 9,9 % de su capital social más una cantidad provisional de 642 millones de euros, tenía como fin último la compra de BPI.

Es decir, denunciaban que la entidad española habría llevado a cabo la permuta para poder entrar en el accionariado de BPI, lo que a la postre le habría producido un perjuicio de 687 millones de euros, si bien en su momento los administradores sólo reconocieron un impacto negativo de 14 millones.

Sin embargo, el juez, tras recibir la prueba pericial pendiente, acuerda el archivo de las actuaciones ya que no resulta «debidamente justificada la perpetración de los delitos» que dieron origen a la causa, en concreto, presuntos delitos societarios, de abuso de mercado y administración desleal.

La decisión, que puede ser recurrida en apelación ante la sala de lo Penal, descarta, en primer lugar, un posible uso de información privilegiada «fuera del ejercicio normal del trabajo de cada demandado».

En este sentido, el juez destaca que «se ha considerado que los miembros de los órganos de administración y gestión tienen acceso reservado» a estos datos, «así como quien la conociese con ocasión del ejercicio de su actividad profesional».

Tampoco hay pruebas de administración desleal en tanto que no se tiene constancia de «una conducta que hubiese roto los vínculos de fidelidad y lealtad que unen a los administradores con la sociedad», ni de actuaciones «en beneficio propio o de terceros» ni de que se haya dispuesto «fraudulentamente de bienes sociales» o se hayan contraído obligaciones a cargo de CaixaBank.

En esta línea, el titular del juzgado rechaza que los administradores manipularan la contabilidad para mostrar una situación jurídica o económica diferente, y recuerda que ambas son entidades supervisadas tanto por los bancos centrales de sus países como por el Banco Central Europeo (BCE).

Además, no ha trascendido al mercado «ninguna manipulación contable que diera lugar a una impresión errónea del estado económico de la sociedad».

De hecho, prosigue, las autorizaciones de los organismos supervisores sobre las operaciones objeto de estudio se basaron en «la reputación, conocimiento, habilidades y experiencia de los altos directivos» así como en «la solidez financiera».

Por último, Pedraz afirma no haber visto indicios de que se haya tratado de imponer «acuerdos abusivos» en las Juntas de Accionistas, «con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios» a la entidad.

La querella ahora archivada se dirigía asimismo contra el ex director general de relaciones internacionales Antonio Massanell, dos asesores de la presidencia, Alejandro García Bragado y Oscar Calderón, el director de cumplimiento normativo, Juan Antonio Álvarez García, y David K.P. Li, consejero de Criteria Caixacorp y presidente del BEA.