El juez Pedraz investiga una nueva querella por estafa por la ampliación de 2012 del Banco Popular

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido una nueva querella por presuntos delitos de estafa y administración desleal contra el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, el exvicepresidente Roberto Higuera y el Santander como heredero del extinto banco, por la ampliación de capital de 2012.

En un auto fechado el pasado mes de mayo al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central de instrucción nº 5 admite la inhibición del titular del juzgado nº 1, donde recayó inicialmente la querella presentada por el bufete Durán & Durán.

El juez Pedraz, que ya admitió dos querellas por la ampliación de capital de 2012, señala en su auto que «procede» hacerse cargo de la nueva querella ya que trata de asuntos similares a los que ya investiga su juzgado.

Según los querellantes, la información pública suministrada sobre la ampliación de capital de 2012 contenía «omisiones e informaciones segadas y tergiversadas para, precisamente, captar capital que de otra manera no se hubiera logrado captar».

El Banco Popular y la integración del Banco Pastor

La querella sostiene que, fruto de la adquisición del Banco Pastor, el Popular tuvo que realizar «unas fuertes correcciones derivadas de un déficit recurrente en las provisiones en las cuentas anuales de 2012, que arrastraba desde 2011, y que el Banco de España estableció en 2.756 millones de euros a fecha 30 de junio de 2011, y en 2.851 millones de euros en fecha 31 de diciembre de 2011».

Ello fue consecuencia de la errónea valoración y clasificación de sus activos, que la adquisición de Banco Pastor empeoró, agravando la falta de correspondencia de sus cuentas anuales a su imagen fiel.

De las explicaciones aportadas por el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se desprende que el Popular «habría pagado unos 1.300 millones de euros por una compañía que tenía un valor negativo de entre 500 y 1.400 millones de euros».

Los estados financieros, añade el texto, no se corresponden con la imagen fiel de la verdadera situación financiera del banco, que contienen falsedades graves, ocultando su verdadera situación, lo que «no se circunscribe al folleto de la ampliación de capital, puesto que la falsedad arranca desde el 2011».

Y, en relación con las ocultaciones perpetradas en relación con la compra de Banco Pastor, las mismas se inician en febrero de 2012, cuando incorpora Banco Popular a su balance dicha compra.

Ocultaciones y falsedades

De este modo, indica la querella, las ocultaciones y falsedades relativas a la operación de compra del Banco Pastor, «las concretas partidas falsas», aparecen en dicho balance.

Entre otras irregularidades, la querella menciona que existen «estados financieros anteriores, de ese mismo ejercicio 2012, concretamente, informes trimestrales y semestrales, que ya incorporaban las partidas milmillonarias que no se correspondían en absoluto con la imagen fiel de la situación financiera del banco, y que pese a su falsedad, se mantuvieron en los balances» hasta «la resolución y venta por un euro al Santander».

El texto recuerda además que un acta del Consejo de Administración del día 6 de junio de 2017 reconoció «expresamente que tenía incorrectamente valorada la cartera inmobiliaria y la cartera crediticia, admitiendo una sobrevaloración de entre 1.600 y 3.000 millones de euros de la cartera inmobiliaria y de 1.525 millones de euros en la cartera crediticia».

Además de las querellas que investiga el juez Santiago Pedraz, el titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, investiga desde 2017 a los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y su sucesor al frente de la entidad Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

Calama abrió entonces dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.