El juicio por la demanda de Andrea Orcel al Banco Santander se retoma el 17 de junio

El juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid retomará el próximo 17 de junio el juicio por la demanda del banquero italiano y actual consejero delegado de Unicredit, Andrea Orcel, contra el Banco Santander, al que ahora pide cerca de 77 millones de euros por su fichaje frustrado.

En esta segunda sesión, que se celebrará a partir de las 10:00 horas en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, está prevista la declaración en calidad de testigos del presidente no ejecutivo del banco de inversión UBS, Axel Weber, entidad de la que procedía Orcel antes de «fichar» por el Santander, y del director de compensaciones, Mark Shelton.

Aunque el juez se interesó por que ambos comparecieran en persona al estar habituados a «viajar mucho», finalmente lo harán por videoconferencia desde Suiza, según han informado fuentes jurídicas.

La ausencia de Weber y Shelton fue el motivo por el que se suspendió la vista el pasado 19 de mayo, después de que los abogados de Orcel decidieran no renunciar a sus testimonios.

La disputa comenzó en verano de 2019 cuando el italiano demandó al banco por dar marcha atrás a comienzos de ese año a su contratación, lo que le llevó a abandonar su puesto de alta dirección en UBS.

En un primer momento, Orcel solicitaba 112 millones de euros; sin embargo, poco antes del juicio decidió rebajar esta cantidad a unos 77 millones de euros, y renunciar a la principal pretensión de su demanda, ser nombrado «número dos» de la entidad española.

De esta nueva cuantía, 17 millones corresponderían a la prima de incorporación; 30 millones, al paquete pendiente de recibir de UBS; unos 20 millones en concepto de las dos anualidades que habría percibido como consejero delegado del Santander; y 10 millones, por daños reputacionales.

En la primera sesión del juicio, la presidenta del Santander, Ana Botín, que compareció como testigo, reiteró que nunca hubo un contrato, sino «una carta-oferta que nos obligaba a muchas cosas, pero no un contrato».

Botín se remitió al consejo de administración y a la junta de accionistas de la entidad, ninguno de los cuales dio su visto bueno al fichaje del italiano.

«No es posible firmar un contrato si no lo aprueba la junta de accionistas», incidió.