Antonio Díaz Morales.* En los últimos meses, diversos medios de comunicación han puesto el foco en la aprobación de nuevas universidades privadas en España, generando un intenso debate sobre su impacto en el sistema universitario. Para comprender mejor esta situación, es fundamental analizar el contexto en el que surgieron las universidades privadas en el país y cómo ha evolucionado su presencia a lo largo del tiempo.
El origen de las universidades privadas en España se remonta a la influencia de órdenes religiosas. La primera institución de este tipo fue la Universidad Pontificia de Salamanca, fundada en 1941. Posteriormente, en la década de 1960, surgieron otras universidades impulsadas por órdenes religiosas, como la Universidad de Navarra, ligada al Opus Dei, y la Universidad de Deusto, vinculada a la Compañía de Jesús. No fue hasta 1993 cuando apareció la primera universidad privada aconfesional e independiente, la Universidad Alfonso X el Sabio, marcando un punto de inflexión en la configuración del sistema universitario español.
El marco normativo que permitió la modernización del sistema universitario se estableció con la Ley de Reforma Universitaria de 1983, que sentó las bases para su desarrollo posterior. Durante la década de 1990, se produjo un notable crecimiento de la oferta privada, con la creación del 40% de las universidades privadas que existen actualmente.
A finales de 2024, España cuenta con un total de 91 universidades aprobadas, de las cuales 50 son públicas y 41 privadas. La gran mayoría de estas instituciones, concretamente 82, ofrecen formación presencial. Sin embargo, algunos medios han señalado que el incremento en el número de universidades privadas, junto con la tramitación de nuevas licencias, podría suponer una pérdida de calidad en la educación superior o generar una competencia innecesaria dentro del sistema universitario.
Las universidades privadas no son indicadores de calidad
Pero, ¿es realmente una universidad privada sinónimo de menor calidad? Si observamos los principales rankings internacionales, como el World University Rankings 2025, encontramos que las mejores universidades del mundo, como el MIT, Harvard o Princeton, son de titularidad privada. Esto demuestra que la propiedad de una universidad no es un indicador determinante de su calidad.
Los rankings de calidad universitaria suelen evaluar cuatro aspectos clave: la excelencia en la enseñanza, la producción de investigación, la transferencia de conocimiento hacia la industria y la proyección internacional. Si analizamos la presencia de universidades españolas en estos rankings globales, encontramos que la primera institución española, la Universidad de Barcelona, ocupa el puesto 149, seguida de la Universidad Pompeu Fabra en el 176 y la Universidad Autónoma de Barcelona en el 199. En contraste, si observamos el ámbito de las escuelas de negocios, tres instituciones españolas —IE, IESE y ESADE— figuran entre las treinta mejores del mundo, y todas ellas son privadas. Esto refuerza la idea de que, en términos generales, las universidades públicas tienden a destacar más en el ámbito de la investigación, mientras que las privadas sobresalen en la calidad de la enseñanza y en la empleabilidad de sus graduados.
Por lo tanto, el crecimiento del número de universidades privadas no implica necesariamente una disminución en los estándares de calidad académica. Además, todas las universidades, tanto públicas como privadas, están sujetas a estrictos controles por parte de organismos reguladores como la ANECA y sus equivalentes en cada comunidad autónoma, quienes aplican los mismos criterios de evaluación en ambos casos.
La educación superior en España
Es importante tener en cuenta que la educación superior en España no depende únicamente de las universidades, sino que también incluye 213 centros adscritos a universidades, de los cuales 160 son privados. De estos, 133 dependen de universidades públicas y ofrecen un total de 885 programas académicos. En la Comunidad de Madrid, una de las regiones que más críticas ha recibido por la proliferación de nuevas universidades, el sistema educativo cuenta con un total de 59 instituciones, distribuidas entre 19 universidades y 40 centros adscritos. Si lo comparamos con Cataluña, dondeexisten 85 instituciones (12 universidades y 73 centros adscritos), podemos concluir que el crecimiento del sector universitario en Madrid no es desproporcionado en comparación con otras comunidades autónomas.
Si observamos la creación de nuevas universidades en España en los últimos años, encontramos que han surgido en cuatro comunidades autónomas diferentes: la Universidad Intercontinental de la Empresa en Galicia, EUNEIZ en el País Vasco, UDIT en Madrid, la Universidad Fernando III el Santo en Andalucía y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), también en Andalucía.
En el caso específico de Madrid, la mayoría de las universidades recientemente aprobadas provienen de la conversión de centros adscritos en universidades independientes, como UDIT (antes vinculada a la UCJC), UNIE (URJC) y ESIC (URJC). Entre las nuevas licencias en trámite, encontramos a IE (procedente de IE Castilla y León) y TAI (URJC). De este modo, la única universidad que realmente constituiría una nueva incorporación al sistema sería la futura Universidad Felipe II. Esta situación contrasta con la de Galicia, el País Vasco y Andalucía, donde las nuevas universidades no derivan de centros adscritos preexistentes.
Las universidades privadas representan un alivio para los presupuestos estatales
El crecimiento de las universidades privadas ha tenido un impacto significativo en la matrícula estudiantil. Durante el curso 2023-2024, el sistema universitario español ha registrado aproximadamente 1,8 millones de estudiantes, lo que representa un aumento del 18% en comparación con 2008. Este incremento es aún más destacable si consideramos que, en el mismo período, la población de jóvenes de entre 18 y 28 años ha disminuido en un 20%. Como resultado, la tasa de acceso a la universidad ha pasado del 22% en 2008 al 32% en la actualidad. Además, ha crecido significativamente el número de estudiantes de posgrado y de alumnos internacionales, quienes alcanzan los 180.563 matriculados, reflejando un aumento del 6,1% respecto al año anterior.
Desde una perspectiva financiera, las universidades privadas representan un alivio para los presupuestos estatales y autonómicos. Al liberar plazas en las universidades públicas para estudiantes con menos recursos, contribuyen a una mejor distribución de los fondos educativos. Actualmente, de los 1.408.837 estudiantes de grado matriculados en el curso 2024-2025, 328.269 asisten a universidades privadas, lo que equivale al 23,3% del total.
Teniendo en cuenta que las comunidades autónomas transfieren un promedio de 5.700 euros por estudiante de grado en las universidades públicas, esto supone un ahorro estimado de 1.872 millones de euros solo en educación de grado, sin contar los impuestos que las universidades privadas pagan al Estado.
El gasto público en universidades según la comunidad autónoma
El gasto público en educación universitaria varía significativamente entre comunidades autónomas. Por ejemplo, las transferencias por estudiante oscilan entre los 9.615 euros en la UPV y los 2.057 euros en la URJC, con un promedio general de 5.714 euros por alumno. En total, las comunidades autónomas destinan aproximadamente 3.858 millones de euros en transferencias a las universidades públicas. Por otro lado, en el modelo español, la financiación directa del estudiante solo se aplica en las universidades públicas, lo que impide una competencia equitativa con las privadas. En contraste, en otros países, como Chile, el Estado otorga un «cheque universitario» a los alumnos con buenas calificaciones en la prueba de acceso, permitiéndoles elegir entre universidades públicas y privadas acreditadas. Este sistema fomenta una competencia sana entre ambas modalidades de educación superior y podría ser un modelo interesante a analizar para España.
En definitiva, más allá del debate sobre la proliferación de universidades privadas, el verdadero reto del sistema universitario español radica en mejorar su impacto en la innovación, fomentando la investigación aplicada y la generación de patentes, en potenciar la competitividad de sus graduados en el mercado laboral global y en elevar la posición de las universidades españolas en los rankings internacionales. En el ámbito educativo, como en otros sectores, lo esencial no es la confrontación entre lo público y lo privado, sino la creación de sinergias que permitan mejorar la calidad y competitividad del sistema universitario español.
*Antonio Díaz Morales es Coordinador de Asuntos para Europa de la Universidad Autónoma de Chile y tertuliano habitual del programa Capital Intereconomía de Radio Intereconomía.
