Diversas agrupaciones del sector inmobiliario de Cataluña han divulgado este jueves un informe jurídico que sostiene que limitar la adquisición de viviendas para usos distintos a la residencia habitual no es compatible con el «ordenamiento jurídico».
Ese veto, que impulsa el grupo Comuns en el Parlament y que el Govern del presidente Salvador Illa está analizando, tendría como efecto una reducción del parque de viviendas en alquiler, argumentan en un comunicado conjunto las asociaciones de agentes inmobiliarios (AIC), promotores y constructores (APCE), administradores de fincas de Barcelona y Lleida, el colegio oficial de APIS y el Consejo de Cámaras de la Propiedad de Cataluña.
Vetar la compra de viviendas incide en «el estatuto básico del derecho a la propiedad», señala un informe presentado por el sector inmobiliario catalán
El informe, firmado por un catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona y una profesora de la Universitat de Barcelona, sostiene que la propuesta «incide en el estatuto básico del derecho a la propiedad» y su aplicación por parte de una comunidad autónoma sería «jurídicamente imposible».
«Las comunidades autónomas pueden regular el uso del suelo y la política de vivienda, pero no pueden restringir la adquisición de bienes inmuebles», señala el documento.
«Prohibir adquirir o vender una vivienda en función del uso que le pretenda dar el comprador (alquilarla, donarla a una hija o revenderla) ataca el núcleo esencial del derecho de propiedad y lo hace irreconocible, lo que implica la inconstitucionalidad de estas prohibiciones», sostiene el informe.
Apunta asimismo que la limitación sería «contraria al derecho de la Unión Europea» y supondría una «restricción a la libre circulación de capitales».
«Efectos negativos» de la medida
Las entidades del sector afirman que la prohibición «no solucionará el problema de acceso a la vivienda, sino que generará efectos negativos tanto en la oferta de viviendas como en su asequibilidad».
La «reducción de la oferta» provocaría «una escasez de vivienda que, a corto plazo, se traduciría en un incremento de los precios y generaría aún más inseguridad jurídica, además de no adecuarse a nuestro ordenamiento jurídico», señalan.
Las agrupaciones que firman el comunicado piden a las administraciones que apuesten por «políticas que incentiven la oferta de vivienda en colaboración público-privada, respetando el marco jurídico nacional y europeo».
«Las restricciones propuestas no sólo son ineficaces para incrementar la oferta de vivienda, como ya se ha demostrado en otros lugares, sino que ponen en riesgo el acceso a la vivienda de la ciudadanía, así como también la actividad del sector y la generación de puestos de trabajo», concluyen.