Un tribunal de Columbia (EE.UU.) ha dictado una nueva sentencia contra España por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables, esta vez a favor de Infrared, brazo inversor del banco HSBC, al que España tendría que pagar en torno a 35 millones de euros. Esa cantidad se suma a otros muchos casos, con indemnizaciones pendientes que superan los 1.492 millones de euros y, sumando intereses y sobrecostes procesales, la factura puede incrementarse en otros 386 millones adicionales, como exponen los afectados en la web SpanishRenewableDebt.com.
Así lo ha informado este martes el fondo de inversión estadounidense Blasket Renewable Investment, afectado en otro de los casos, que recuerda que este nuevo varapalo para España se produce poco después de conocerse los fallos de los casos Eurus (Grupo Toyota), RREEF e Infrastructure Services, conocido también como el «caso Antin».
La sentencia del caso Infrared, que está siendo gestionado por Blasket Renewable Investment, rechaza los argumentos de España sobre la supuesta invalidez del arbitraje que condenó al país por retirar de forma retroactiva los incentivos ofrecidos a las energías verdes.
Laudo del CIADI
Según el fallo, la justicia de EE.UU. toma en consideración el laudo emitido por el CIADI, tribunal del arbitraje del Banco Mundial en el que Infrared canalizó su denuncia, apoyándose en dos piezas clave de derecho internacional: el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y el Convenio que regula la actividad y el funcionamiento del propio CIADI.
La denuncia de Infrared arranca en 2014 y se refiere a dos proyectos de inversión en energías renovables ubicados en Andalucía y Extremadura, respectivamente.
El desastre de las primas a las renovables se originó en 2007 con Zapatero. Más tarde, los cambios regulatorios y fiscales aprobados entre 2010 y 2013 y la naturaleza retroactiva de estas modificaciones en el régimen de incentivos hicieron que el tribunal del CIADI fallase contra España el 2 de agosto de 2019.
España reclamó una revisión del proceso que decayó en marzo de 2021 con una nueva derrota del país, y lo mismo ocurrió con una petición de anulación rechazada en junio de 2022.
En total, el laudo impone a España la obligación de abonar una compensación valorada en 28,2 millones de euros, que se suman a unos 7 millones en concepto de intereses de demora acumulados, con lo que la factura total se acerca a los 35 millones.
Si se toman asimismo en cuenta las recientes sentencias que ha emitido la justicia estadounidense en relación con los otros casos citados, las obligaciones de pago (o riesgo de embargo en caso de incumplimiento) que afronta España superarían los 360 millones de euros, explica la nota.
Exigen soluciones al Gobierno por las primas a las renovables
Las cuatro decisiones conocidas este verano abren la puerta a nuevos embargos cautelares o finales de bienes del Reino de España en caso de que el Gobierno de Pedro Sánchez no ofrezca una solución «efectiva y rápida que permita poner fin a años de incertidumbre», argumenta Blasket Renewable Investment.
En este sentido, el acuerdo alcanzado con JGC el pasado mes de junio debe servir como base para cerrar de una vez por todas un «lamentable episodio de incumplimientos» que ha situado a España como el país con más laudos pendientes de pago, por delante de Venezuela y Rusia, siempre según la fuente.
La negativa de España a pagar ha motivado embargos de bienes soberanos en Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, EE.UU. o Australia, entre ellos la incautación de los ingresos por tasas de control aéreo que Eurocontrol transfiere mensualmente al operador español Enaire, decisión autorizada por los tribunales belgas, con un impacto estimado de 80 millones de euros.
En el marco del caso Infrared, los denunciantes han logrado el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, una acción que «seguirá avanzando» si no se alcanza un acuerdo que resarza a los afectados según lo dictado en el laudo que dirimió el caso.
España abonó en junio la compensación en el caso JGC y debe cerrar acuerdos similares en el resto de disputas para evitar prolongar un problema que daña su reputación y expone su patrimonio en el extranjero, dice la nota.
