El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), órgano de arbitrajes del Banco Mundial, ha rechazado la solicitud de anulación presentada por España contra el laudo que le obligaba a indemnizar con 23,51 millones de euros a JGC Holdings por los recortes a las renovables en 2013.
La decisión se adoptó el pasado 6 de febrero por un comité ‘ad hoc’ que falló a favor del inversor, una compañía japonesa de ingeniería y construcción que desarrolló dos plantas solares en Andalucía y que en 2015 llevó a arbitraje la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.
En concreto, el laudo, dictado en noviembre de 2019 y más tarde recurrido por España, reconocía el derecho de JGC Holdings a recibir, en concepto de perjuicio, 11,59 millones de euros por la planta Solacor 1, y 11,92 millones por Solacor 2, situadas en Córdoba y en las que también participaba la sevillana Abengoa.
No obstante, a esas cuantías, que en total suman 23,51 millones de euros, habría que añadir, además, intereses y costas.
Las consecuencias de las desorbitadas primas a las renovables de Zapatero
El recorte retributivo, destinado, junto con otras actuaciones, a atajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico generado por la desorbitada e insostenible rentabilidad de las primas a renovables decretadas durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, lo acometió el Gobierno de Mariano Rajoy, una media que contó con el apoyo del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que rechazaron los recursos presentados por los inversores nacionales contra la rebaja de la rentabilidad.
Sin embargo, algunos inversores internacionales acudieron a las cortes de arbitraje, muchos al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, y denunciaron al Reino de España.
