El Ministerio de Hacienda, ahora dirigido por Arcadi España, defiende que el desvío de créditos presupuestarios sobrantes de fondos europeos por la anterior responsable del Departamento, María Jesús Montero, en la actualidad candidata del PSOE de Sánchez a la Junta de Andalucía, para el pago de pensiones en 2024, una decisión criticada y cuestionado por el Tribunal de Cuentas, tiene «un respaldo legal claro», ya que se enmarca en la adaptación realizada para prorrogar las cuentas de 2023 a 2024.
En la declaración de la Cuenta General del Estado de 2024, el Tribunal de Cuentas detectó incidencias en el uso de fondos europeos «sobrantes» para atender el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos por importe de 2.389,4 millones de euros, algo que la Comisión Europea ya ha dicho que va a analizar.
La propia declaración incluía alegaciones de varios ministerios, entre ellos el de Hacienda, que defiende que su actuación cuenta «con un respaldo legal claro», por lo que no comparte la salvedad formulada por el Tribunal de Cuentas.
Hacienda defiende a Montero en el desvío de fondos
En estas alegaciones, Hacienda explica que la ley de presupuestos de 2023 permite al Gobierno transferir créditos entre secciones, incluidas las partidas de fondos europeos, con el objetivo de garantizar su correcta absorción.
A esto añade que el Plan de Recuperación es plurianual y la Comisión Europea autoriza los desembolsos en función del cumplimiento de una serie de hitos y objetivos, con independencia del coste ejecutado, por lo que «existe una total desconexión entre los recursos recibidos y los gastos necesarios para dar cumplimiento a dichos hitos y objetivos».
Así, los créditos consignados en el presupuesto para financiar estos hitos y objetivos se recogen en el denominado servicio 50, que cada año está dotado con una cantidad distinta que varía en función de los gastos previstos.
Como no se aprobaron presupuestos nuevos para 2024 sino que se prorrogaron las cuentas de 2023, el marco presupuestario de 2024 iba a contar con la misma dotación para fondos europeos que en 2023, aunque sus necesidades fueran distintas.
A falta de Presupuestos desde 2023, prórroga presupuestaria
Por ello, los criterios de prórroga presupuestaria aprobados por el Gobierno establecieron la adaptación del servicio 50 de 2023 a las necesidades presupuestarias de 2024, lo que se tradujo en la identificación y puesta a disposición de Hacienda de 4.528 millones de créditos sobrantes: 1.965 millones del Ministerio de Industria, 1.380 millones de Vivienda y 1.183 millones de Educación.
Parte de estos créditos sobrantes se utilizaron para financiar el complemento de pensiones mínimas (667 millones), una opción permitida legalmente por los presupuestos de 2023, y para ampliar la partida de clases pasivas (1.722 millones), tal y como permite la Ley General Presupuestaria, explica Hacienda.
Hacienda defiende que estas modificaciones presupuestarias cuentan con informes favorables y que no implicaron cargar al servicio de fondos europeos gastos de otras partidas, sino que previamente se realizó una modificación presupuestaria, como permite la ley.
