El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, se ha mostrado este jueves escéptico con la efectividad de topar los precios del alquiler en vivienda en zonas tensionadas, una de las medidas estrellas del Gobierno de Sánchez para intentar frenar la escalda de precios en sector inmobiliario y ha asegurado que «no hay ningún dato empírico» que demuestre su eficacia.
En una entrevista en el programa «Más de Uno» de Onda Cero, Escrivá, fiel a Sánchez, que lo nombró dos vences ministro y lo encumbró a gobernador del Banco de España por ser el candidato «más redondo», ha señalado que no le consta que exista evidencia «empírica» que la delimitación de zonas tensionadas, donde los precios del alquiler son muy elevados, y el consiguiente control de precios «logre abaratar el precio de la vivienda».
Por el contrario, ha señalado a la escasez del parque inmobiliario, insuficiente para hacer frente al número de hogares.
Escrivá ha hecho estas declaraciones poco antes de que comenzara la conferencia sectorial de Vivienda, que reúne a los consejeros autonómicos con la ministra del sector, Isabel Rodríguez.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha amenazado a las comunidades autónomas, la mayoría del PP, con retirarles la financiación si no aplican la Ley de Vivienda
Las comunidades autónomas del PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han reafirmado su decisión de no declarar en sus territorios zonas tensionadas para intervenir los precios del alquiler y han señalado que no tolerarán la «amenaza» y el «chantaje» del Gobierno de retirarles fondos, tal y como manifestó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
En un comunicado conjunto antes de que dé comienzo la conferencia sectorial de vivienda, han manifestado su rechazo ante lo que califican de un intento del Gobierno de imponer sus «fracasadas e inoperantes» políticas de vivienda utilizando los recursos económicos de los españoles.
Asimismo, han rechazado el procedimiento anunciado para hacerlo, que tal y como han manifestado, supone un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político y a una ideología concreta.
«No toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de retirar los fondos a las comunidades autonómicas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el derecho a la Vivienda», han recalcado en un manifiesto conjunto, en el que han pedido al Gobierno que dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos.
El Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos, señalan desde el PP a Isabel Rodríguez
En este sentido, han expuesto que el Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos, fomentando la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan, y que no hacerlo así supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y legal.
Las comunidades del PP han indicado que la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas de los ciudadanos como consecuencia de la «nefasta» política del Gobierno y que bajo la presidencia de Pedro Sánchez, los alquileres se han vuelto prohibitivos.
Según han añadido, entre junio de 2018 y abril de 2024, el precio de los alquileres subió un 32 % y desde la entrada en vigor de la Ley por el derecho a la Vivienda, en mayo de 2023, el aumento suma un 13 %.
También se han referido a la ocupación, que cifran en 78.800 viviendas en el conjunto de España, y el fenómeno de la inquiocupación, que ha crecido de manera alarmante en los últimos meses.
Las políticas en materia de vivienda puestas en marcha por el Ejecutivo, consideran desde el PP, han conseguido estrangular el mercado, haciendo que los ciudadanos se enfrenten a un enorme reto social de acceso a una vivienda a precio asequible, tanto en compraventa como en alquiler.
El comunicado queda respaldado por los gobiernos de Galicia; Andalucía; Cantabria; La Rioja; Murcia; Comunidad Valenciana; Aragón; Extremadura; Baleares; Madrid; Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.