Italia ha presentado una controvertida propuesta para retirar el coste del CO₂ del precio marginal de la electricidad producida por centrales de gas de ciclo combinado, trasladando ese impacto económico directamente a los consumidores. Aunque el Gobierno italiano defiende la medida como un alivio para los hogares, distintos analistas consideran que supone una redistribución artificial del coste del carbono que cuestiona el funcionamiento del mercado eléctrico europeo y los principios del sistema europeo de comercio de emisiones (EU ETS).
Según apuntan varios bancos de inversión, eliminar el componente del carbono del precio marginal altera la lógica fundamental del ETS, cuyo objetivo no se limita a penalizar las emisiones, sino también a impulsar la inversión en energías renovables mediante una señal de precios que favorezca tecnologías limpias frente a las más contaminantes.
JP Morgan advierte de que la iniciativa representa un desafío estructural al diseño del mecanismo europeo de emisiones, ya que la inclusión del coste del carbono en la formación del precio eléctrico es clave para garantizar la rentabilidad de las renovables. La entidad considera además que existen dudas relevantes sobre su aprobación final.
Mediobanca sostiene que los países no pueden modificar unilateralmente la forma en que el carbono influye en los precios
En una línea similar, Mediobanca sostiene que los Estados miembros no pueden modificar unilateralmente la forma en que el carbono influye en los precios eléctricos sin contradecir el modelo común del mercado energético europeo, por lo que ve complicada la aplicación práctica de la propuesta.
Fuentes del sector interpretan la iniciativa como una medida con fuerte componente político interno, dirigida principalmente al electorado nacional. Analistas señalan que el Ejecutivo italiano estaría trasladando la responsabilidad a Bruselas pese a conocer los posibles conflictos con la normativa europea sobre ayudas de Estado. Goldman Sachs también anticipa que el rediseño podría ser recurrido por la Unión Europea, dado que los países no tienen capacidad para alterar por sí solos los principios del mercado eléctrico fijados en la legislación comunitaria.
Desde ICIS, firma internacional especializada en análisis de mercados energéticos. coinciden en cuestionar su viabilidad. Expertos legales citados por la consultora consideran que el mecanismo de compensación del CO₂ incluido en el decreto energético italiano difícilmente superará el examen de la Comisión Europea. Los juristas Piero Viganò y Francesco Mazzocchi señalan que el beneficio se dirige a un grupo concreto de productores, tiene carácter estructural y entra en conflicto con la Directiva ETS. Además, advierten de que la reforma podría incentivar una mayor generación con gas y distorsionar los flujos de exportación eléctrica, alejándose de los objetivos climáticos europeos.
La propuesta ha generado sorpresa
La propuesta ha generado sorpresa tanto en la industria energética italiana como en Bruselas y en otros Estados miembros, especialmente porque la reforma del mercado eléctrico europeo fue aprobada en junio de 2024 y aún no se han aplicado plenamente medidas clave como los contratos a largo plazo a precio fijo, mayores obligaciones de cobertura para comercializadoras o mecanismos de estabilidad orientados a proteger a consumidores e industria.
Los mercados energéticos ya reflejan escepticismo respecto a la iniciativa. Tras conocerse la propuesta, el precio de la electricidad italiana para 2027 ha pasado de 86 €/MWh a 90,5 €/MWh. En España también se ha observado un ligero aumento, de 53,5 a 55 €/MWh, mientras que el precio del CO₂ ha subido desde 68,7 hasta 72,4 euros por tonelada.
La diferencia estructural entre ambos países sigue siendo notable: Italia, con menor peso renovable y sin la capacidad nuclear de otros mercados, afronta costes energéticos significativamente más altos. Las previsiones para 2027 apuntan a que la electricidad italiana será alrededor de un 65% más cara que la española, con un precio medio anual actual de 126 €/MWh frente a los 48 €/MWh registrados en España. Mientras Italia explora soluciones excepcionales, países con sistemas eléctricos más competitivos, como Francia y España, continúan apostando por la electrificación y la expansión de las energías renovables.