La Aemec pide el procesamiento del expresidente del Popular Emilio Saracho por administración desleal

Aemec, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que el pasado lunes procesó al expresidente del Banco Popular Ángel Ron por estafa a los inversores y falsedad documental, que haga lo propio con su sucesor al frente de la entidad, Emilio Saracho, por administración desleal.

En un auto fechado este viernes al que ha tenido acceso EFE, Aemec, que representa a unos 7.000 pequeños accionistas del Banco Popular, sostiene que Saracho «traicionó el principio de confianza legítima en los actos del máximo representante legal de una entidad financiera sistémica y generó el pánico de forma presuntamente deliberada, ocasionando la salida de depósitos».

Archivada la causa de la ampliación de capital de 2012

El pasado lunes, Calama acordó procesar al predecesor de Saracho al frente del banco Ángel Ron, a otros doce directivos y a la consultora PwC por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016. Sobre la ampliación de capital de 2012, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archivo el pasado viernes la causa que investigaba la ampliación de capital del Banco Popular de 2012, al entender que el Banco de España avaló la operación y el folleto reflejaba la imagen fiel de la entidad, y contribuyó a la buena marcha del banco hasta su resolución en 2017.

Sobre la ampliación de 2016, Calama sobreseyó la causa sobre Saracho, al considerar que no intervino en las vulneraciones de la normativa contable y no se ha podido confirmar que fuera el responsable de las filtraciones a la prensa que aceleraron la fuga de depósitos de la entidad.

El magistrado señalaba en su auto que no era su cometido «ponderar si la corta gestión de Saracho al frente del banco, desde el 26 de febrero al 6 de junio de 2017, fue correcta o no».

La Aemec argumenta que Saracho publicó en 2017 un hecho relevante sobre el Banco Popular en el que se entendía que iba a reformular las cuentas de 2016 desatanto el pánico en el mercado para quedar solo en una «revisión no material»

En su recurso, los accionistas minoritarios recuerdan que en abril de 2017, con Saracho al frente, el banco publicó un hecho relevante en el que indicó que había revisado las cuentas de 2016, lo que desató el pánico ante lo que se entendía que pudiera ser una «reformulación de las cuentas».

Tal reformulación no se produjo, señala Aemec en su recurso, quedando en una simple “revisión no material”, certificada por el auditor PwC, que no afectó a la integridad de las cuentas presentadas y comunicadas por el Consejo con anterioridad, pero que produjo el mismo efecto de sospecha y desconfianza, que si hubiese hecho una reformulación.´

Pocos días después, «de forma absolutamente inusual y contraproducente en el mundo de la banca comercial», Saracho anunció que podría hacer una ampliación de capital, pero no precisó cuándo, ni como ni el importe ni el propósito de ésta, pero que provocó «irremisiblemente, la caída de la acción», señala el recurso.

Asimismo, los minoritarios señalan como «decisivo en la caída de la acción y producción de pánico generalizado entre los clientes» la publicación, en mayo de 2017, de una noticia titulada “Saracho encarga la venta urgente del Popular a JP Morgan y Lazard, por riesgo de quiebra”, que habría filtrado el propio presidente.

En contra del criterio de Calama, que ha procesado a Ron y exonerado a Saracho, Aemec considera que cuando éste accedió a la presidencia del banco éste «era solvente y tenía liquidez, si bien se disipó pocos meses después».

El papel jugado por Saracho

Fue Saracho el que «con su actuación y mas allá de la ampliación de capital del año 2016 el que condujo al banco a su resolución por falta manifiesta de liquidez, que no de solvencia», sostiene Aemec.

Asimismo, afea a Calama que haya ignorado «la orientación del banco por su presidente a la venta o ampliación de capital como única solución, desechando un plan de negocio en marcha y sin aportar ninguno alternativo que se haya conocido», así como la desastrosa gestión de la liquidez, la ausencia de preparación de coberturas o la «exagerada filtración de noticias que salieron del consejo que presidía».

De las actas del consejo de administración del Popular se deduce que Saracho «nunca comentó con sus consejeros que en su viaje al Banco Central Europeo (BCE) en marzo había planteado la resolución como una posibilidad viable»; por el contrario, comunicó a sus consejeros «que no había problema con la liquidez» y no sería necesario solicitar ayuda estatal.

Menos de un mes después, recuerda el recurso, el banco carecía de la liquidez precisa para abrir sus oficinas.