La AIReF eleva 9 décimas el déficit público previsto para 2023, al 4,2 % del PIB

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elevado el déficit público previsto para 2023 en nueve décimas, al 4,2 % del PIB, por el coste de las medidas anticrisis ante la elevada inflación, situándolo tres décimas por encima de la tasa de referencia del Gobierno (3,9 %).

El informe de presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas para 2023, presentado este miércoles por la AIReF, revisa asimismo el escenario macroeconómico y mantiene el crecimiento previsto para este año en el 1,6 % (frente al 5,5 % alcanzado en 2022), en un contexto de mejores expectativas de crecimiento global y de moderación de precio de las materias primas.

No obstante, la directora de Análisis Económico de la AIReF, Esther Gordo, ha señalado que este mejor contexto se verá contrarrestado por el encarecimiento de los costes de financiación que se trasladarán a la economía en mayor medida en el segundo semestre del año.

La AIReF calcula que el crecimiento del primer trimestre estará entre el 0,5 y el 0,7 %, gracias en parte al dinamismo del mercado de trabajo, aunque para el conjunto del año ha elevado una décima la tasa de paro prevista (12,7 %) por el aumento estimado de la población activa.

La inflación media se desacelerará al 4 % en 2023, por el efecto base de comparar con los elevados precios de 2022 y por la moderación de los precios de la energía.

La inflación subyacente (sin productos energéticos ni alimentos no elaborados) será más elevada, del 5,4 %.

LAS MEDIDAS ANTICRISIS SUMAN 1 PUNTO DE PIB AL DÉFICIT

Las medidas para frenar la inflación aprobadas o prorrogadas en diciembre (reducción de los impuestos sobre la energía, reducción del IVA a determinados alimentos, bonificación del carburante al sector del transporte y otras medidas sectoriales y particulares) tendrán un coste estimado de 1 punto porcentual de PIB, al que se suma otra décima por el incremento del gasto a final de año.

La AIReF estima que el coste conjunto de las medidas vigentes en 2023 será de 14.000 millones de euros.

Por el contrario, la recaudación récord a cierre de año y el efecto denominador por un mayor nivel de PIB en términos nominales restarán 2 décimas al déficit público de 2023, ha explicado el director de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández-Huertas.

En 2023 los ingresos crecerán un 6,4 %, situándose en el 42,5 % de PIB (44 % incluyendo los fondos europeos), un punto de PIB menos respecto a lo previsto en el informe anterior de la AIReF, mientras que el gasto será del 46,7 % del PIB (48,3 % si se incluyen los fondos europeos), una décima menos respecto a la anterior estimación.

EMPEORA EL DÉFICIT DE TODOS LOS SUBSECTORES, SALVO SEGURIDAD SOCIAL

El empeoramiento en la previsión de déficit público para 2023 se reparte entre la administración central (5 décimas), las comunidades autónomas (2 décimas) y corporaciones locales (3 décimas), mientras que se mejora 1 décima el déficit de los fondos de la Seguridad Social.

De esta forma, la administración central cerrará en año con un déficit del 3,5 % de PIB, las comunidades autónomas con un déficit del 0,3 % del PIB, las corporaciones locales con una superávit del 0,2 % del PIB y los fondos de la Seguridad Social con un déficit del 0,6 % del PIB.

El peor saldo de autonomías y corporaciones locales se debe principalmente al mayor crecimiento de los gastos de 2022.

Solo cuatro autonomías (Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña) acabarán 2023 con un déficit superior al 0,3 % fijado para el subsector.

LA DEUDA PÚBLICA BAJARÁ 2,6 PUNTOS

De acuerdo con las previsiones de la AIReF, la deuda pública bajará 2,6 puntos de PIB, lo que situaría la ratio a final de año en el 110,6 % de PIB, un recorte que se sustentará fundamentalmente en el crecimiento nominal del PIB.

La institución considera que el previsible aumento del gasto en pensiones, en sanidad y en cuidados de larga duración como consecuencia del envejecimiento de la población, unido al nuevo ciclo monetario, sitúa la sostenibilidad de las finanzas públicas en una situación vulnerable.