La Audiencia Nacional reabre la causa por la ampliación de capital del Banco Popular

La Audiencia Nacional ha decidido reabrir la causa que investiga la ampliación de capital del Banco Popular de 2012 y ha instado al juez instructor a llamar a declarar a los inspectores del Banco de España que aportaron un informe pericial sobre el caso.

Así lo ha comunicado este miércoles el despacho Durán & Durán Abogados, querellado en el procedimiento, que ha recalcado tras la notificación del auto dictado por la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia su interés en «someter a contradicción» las conclusiones de los peritos.

La sala revoca así el sobreseimiento provisional emitido en noviembre, en el que el magistrado entendía que no concurrían indicios de los supuestos delitos de estafa a los inversores y administración desleal del patrimonio societario que son objeto de la investigación.

Aquella resolución destacaba las conclusiones de los peritos, para quienes la ampliación de capital «resultó beneficiosa para los que participaron, produciéndose desde muy pronto revalorizaciones relevantes de la acción, incluso por encima del mercado».

Los abogados han afirmado hoy que miles de familias que «perdieron todo su dinero invertido» esperan que se les otorgue el «derecho a una investigación efectiva y material sobre los hechos que se investigan».

El Banco Popular calculó en 2012 que tenía que obtener 3.223 millones de euros de recursos propios adicionales y optó por realizar una ampliación de capital

En 2012, en un contexto de crisis económica, el Banco Popular calculó que tenía que obtener 3.223 millones de euros de recursos propios adicionales y optó por realizar una ampliación de capital respaldada por la junta de accionistas.

En su auto de noviembre, el juez consideró que el proceso se llevó a cabo conforme a la normativa y «presentando la información legalmente exigida sobre la situación de la entidad para que los potenciales compradores tuvieran una imagen fiel de la misma».

El hecho de haber omitido una parte de las reclasificaciones de créditos dudosos de 2012 en los números de 2013 «no se hizo con intención de engañar a los posibles compradores, teniendo en cuenta que en la información proporcionada ya se abordaba la complicada situación de la entidad, sus pérdidas y las importantes reclasificaciones efectuadas», agregaba el magistrado.