La banca española se juega este martes hasta 44.000 millones por el IRPH

La banca española afronta este martes la decisión de la Unión Europea sobre la validez del índice hipotecario IRPH, que según asociaciones de afectados se aplicó a un millón de hipotecas en España, con una pérdida media de 25.000 euros para los clientes.

Este martes a las nueve y media de la mañana, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hará públicas sus conclusiones en relación a este IRPH (Índice de referencia de Préstamos Hipotecarios), que fue muy usado por las antiguas cajas. La causa parte de la cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Barcelona, que pese al aval dictado meses antes por el Tribunal Supremo español, quiso conocer la opinión europea sobre la legalidad y transparencia del índice.

Antes de conocer el fallo del TJUE, el abogado general emitirá mañana su opinión, que no es vinculante para el tribunal, aunque la mayoría de las sentencias suelen coincidir con su criterio. La vista oral se celebró el pasado 25 de febrero en Luxemburgo, y la publicación mañana del informe del abogado general es el último paso antes de dictarse la sentencia, que se espera para finales de 2019 o principios de 2020.

En su defensa, fuentes financieras sostienen que el IRPH, asentado en España desde hace 25 años, es un índice oficial elaborado por el Banco de España, es decir, que las entidades no intervienen en su configuración. Asimismo, alegan que el índice no había sido cuestionado hasta ahora, y subrayan que dicho conflicto no puede ser comparado con el de las cláusulas suelo, ya que no es una cláusula del contrato, por lo que no puede ser objeto de un control de transparencia ni de abusividad al haber sido fijado conforme a disposiciones legales.

La banca española usó el IRPH como alternativa al euribor, lo que encareció las cuotas de las hipotecas afectadas entre 200 y 300 euros al mes, según plataformas de afectados como Asufin o IRPH Stop Gipuzkoa. Lo que se va a decidir en la UE es si la aplicación se hizo con transparencia. Con un millón de afectados, los juicios en España no tardaron en dispararse, pero con sentencias contradictorias. La única sentencia del Supremo, en 2017, dio la razón al banco vasco Kutxabank, y estipulaba que la referenciación a un tipo oficial como es el IRPH «no implicaba falta de transparencia ni abusividad».

Incluso esta sentencia del Supremo tuvo un voto en contra de dos de los magistrados del Alto Tribunal, de manera que los litigios no cesaron, y el caso ha acabado llegando al Tribunal Europeo por una cuestión prejudicial (una consulta) que elevó un juez de Barcelona. El saldo vivo que las grandes entidades bancarias tienen en préstamos referenciados al IRPH era al cierre de 2018 de más de 17.000 millones. Caixabank lidera la lista con 6.700 millones, seguido de Santander con 4.300 millones; BBVA, con 3.100 millones; Bankia, con 1.600 millones; Kutxabank, con 1.235 millones, y Sabadell, con 830 millones. Con estas cifras de capital prestado, está en juego un dineral en intereses: el IRPH estaba en julio de este año al 1,836 % de interés, el euribor, al -0,356 % (tasa a la que se debe aplicar un diferencia que actualmente oscila entre el 1 y el 1,5 %).

Una diferencia que se traduce en que, según los cálculos de Asufin, el impacto económico de las demandas por IRPH asciende a 25.000 millones -los 25.000 euros por un millón de hipoteca-. Goldman Sachs eleva esa estimación del impacto máximo de 44.000 millones. Estas cifras son estimaciones previas, ya que el impacto final dependerá de qué diga exactamente el Tribunal Europeo: puede fallar a favor de la banca, o decidir que devuelva todos los intereses, o que solo devuelva la diferencia con el euribor. También dependerá de lo que diga el tribunal sobre si se aplica la retroactividad, o qué condiciones dicta para decidir que no hubo transparencia. Con este panorama, mañana todos los ojos de bancos, consumidores, despachos de abogados que llevan demandas colectivas y jueces que recibirían un aluvión de demandas, estarán puestos en Luxemburgo.