La imposible cita con la administración por la implantación del teletrabajo entre los funcionarios

Si en circunstancias normales ya es imposible conseguir una cita previa en determinados organismos públicos, como la DGT, a no ser que sea para pagar una sanción, con la implantación entre los funcionarios del teletrabajo, esa labor va a ser imposible.

Hay organismo públicos, como se pude observar en la imagen que acompaña a esta información extraída de la web de la Dirección General de Tráfico, que ni siquiera dan opción de cita previa de aquí a dos o tres meses. Otros, como el SEPE, -ver imagen- tampoco dan cita previa. Obligan a rellenar un formulario y ya se podrán en contacto con el interesado. Simplemente las citas previas no existen o no están disponibles en numerosos organismo públicos, ya sean estatales, autonómicos o locales. Y esta situación, con el teletrabajo de los funcionarios, aún se va a volver más crítica.

A los funcionarios de sanidad, educación, servicios sociales, fuerzas de seguridad, etc.., trabajan de forma presencial y lo que no se entiende es que otros funcionarios, con las medidas seguras, que se han tomado, según dicen, en sitios como colegios donde acuden masivamente menores, puedan realizar de forma igualmente presencial su trabajo y evitar que la administración se colapse y los ciudadanos vean pasar sus plazos administrativos por, precisamente, el mal servicio de la administración.

Pero en vez de eso, se apuesta por lo contrario. El Gobierno ha cerrado con comunidades autónomas, corporaciones locales y sindicatos un acuerdo básico para regular el teletrabajo en el ámbito público, aunque cada administración tendrá que fijar el porcentaje del servicio que se podrá hacer a distancia para garantizar la atención presencial a la ciudadanía, algo que ahora no está garantizado de ninguna manera.

El acuerdo sobre el teletrabajo será aprobado por el Gobierno a través de un decreto-ley, tras haberse firmado este lunes con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, previo acuerdo en conferencia sectorial con las comunidades y ciudades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El texto se incorporará al Estatuto Básico del Empleado Público y se aplicará tanto al funcionariado como al personal laboral.

En virtud del acuerdo, adelantado la semana pasada por los sindicatos, el personal que teletrabaje tendrá los mismos deberes y derechos que el resto de empleados públicos, debiendo la administración proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para la actividad.

El desempeño concreto de la actividad por teletrabajo se realizará en los términos de las normas de cada administración pública y será objeto de negociación colectiva, en tanto que las Administraciones públicas que lo requieran dispondrán de seis meses para adaptar la nueva regulación del teletrabajo en su ámbito competencial.

Será voluntario y su utilización deberá venir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades del servicio.

La modalidad de teletrabajo no será considerada como ordinaria ni podrá ser absoluta, de tal manera que se combinará el trabajo presencial y el teletrabajo en el régimen que se establezca y que garantice la atención directa presencial a la ciudadanía.

Esta modalidad de trabajo habrá de ser expresamente autorizada y como requisito previo se comprobará que las tareas asignadas al puesto se puedan desempeñar a distancia, así como la formación en competencias digitales necesarias para la prestación del servicio.

Se garantizan el derecho a la intimidad o la desconexión digital y se presta una especial atención a los deberes en materia de confidencialidad y protección de datos.

UGT y CCOO han valorado la firma de este acuerdo que ven garantista, ya que incluye valores como la transparencia, la igualdad y la objetividad, porque es voluntario y reversible, y porque además los gastos del trabajo no presencial los asumirán las Administraciones Públicas.

El responsable de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, ha señalado en un comunicado que «era imprescindible que sirviera de norma básica para todas las administraciones y para todos los empleados públicos y que asegurase el desarrollo sectorial y territorial a través de la negociación colectiva».

CCOO, al igual que UGT, ha pedido iniciar cuanto antes las negociaciones con las administraciones estatales y autonómicas y ha exigido un III Acuerdo para la mejora del empleo y las condiciones laborales del sector público, con el fin de cumplir con el compromiso del Gobierno de dar estabilidad a las plantillas.

Asimismo, ha considerado un gran logro que los medios tecnológicos y su mantenimiento corran a cargo de la Administración, al tiempo que ha exigido la apertura inmediata de la Mesa de Diálogo Social para negociar los Presupuestos Generales del Estado.

Precisamente la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF ha reclamado a la ministra de Función Pública, Carolina Darias, negociar las cuentas públicas del 2021 para «abordar las retribuciones» de los funcionarios.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha avisado del «esfuerzo de las plantillas, ya que la pandemia está poniendo el sistema al límite».

Borra ha valorado que el teletrabajo se incluya en el Estatuto Básico del Empleo Público y que se puedan acoger al mismo tanto el personal funcionario como laboral de las Administraciones públicas.

No obstante, ha exigido abrir «cuanto antes» la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público y abordar la reducción de la temporalidad y el cumplimiento del IV Convenio Único del Personal Laboral en la Administración General del Estado (AGE).