La ley de vivienda no ha conseguido su objetivo de facilitar un mejor acceso tras dos años en vigor, según sostiene un estudio publicado por Fedea, que apunta que aunque el precio sí se ha moderado más donde se aplica, la oferta de anuncios se ha reducido con intensidad, disparando la competencia.
Campaña del Ministerio de Isabel Rodríguez financiada con dinero público culpabilizando a las CCAA que no aplican la Ley de Vivienda de los altos precios del alquiler, aunque en realidad es la política de los últimos ocho años del Gobierno de Sánchez la que ha llevado a los precios de la vivienda, tanto para compra como para alquiler, a niveles récord que dificultan el acceso a una casa a millones de trabajadores.
El trabajo publicado por el profesor Fernando Pinto (URJC) indica que entre el primer trimestre de 2024 y el cuarto de 2025, el alquiler acumuló un incremento del 5,7 % en Barcelona y en Cataluña -donde se aplica la ley de vivienda- frente al 8,5 % de Madrid y al 10,8 % del conjunto nacional.
Las cuatro provincias catalanas comparten esta moderación, con crecimientos entre el 3,1 y el 5,7 %. Así, el territorio regulado se sitúa por debajo de la práctica totalidad de aquellos en los que no se aplica la ley.
La oferta de anuncios de alquiler se redujo con intensidad en el territorio regulado por la Ley de Vivienda
Sin embargo, según el estudio, la oferta de anuncios de alquiler se redujo con intensidad en el territorio regulado. El número de anuncios de alquiler cayó un 22,2 % en Barcelona y un 20,5 % en Cataluña, mientras que en Madrid aumentó un 3,9 %.
De esta forma, la contracción catalana prácticamente duplica la de los territorios no regulados, como la Comunidad Valenciana o Andalucía, donde el retroceso ronda el 10 % y es atribuible a la fase general del mercado.
Además, la competencia por cada vivienda disponible se multiplicó donde la oferta se retiró. La presión de la demanda, medida como contactos por anuncio, alcanzó 462 en Barcelona en el cuarto trimestre de 2025, frente a 103 en Madrid y 135 en el conjunto nacional.
Barcelona registró del orden de 4,5 veces más solicitantes por vivienda que Madrid.
Con todo ello, Pino concluye que la moderación de las rentas para los inquilinos instalados en las áreas protegidas convive con una reducción de la oferta y con un aumento de la intensidad de la competencia por las viviendas disponibles, que tienden a empeorar las condiciones de acceso.
Además, asegura que el ajuste entre oferta y demanda ya no se produce por la vía del racionamiento entre solicitantes con criterios subjetivos.
Respecto a la subida de precios observada en España, entiende que no puede atribuirse a la ley de vivienda, dado que la contención de rentas no se ha aplicado en la mayor parte del territorio, y apunta a un déficit común de oferta.
