Los planes de pensiones individuales se encuentran estancados tres años después de la reforma del entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en gran parte por falta de apoyo público real, que no incentiva que el ahorro de las familias abandone otros sectores, como el inmobiliario. Entre las medidas que más daño han hecho al ahorro para la jubilación fue reducir en 2022 el límite de exención fiscal de aportaciones a los planes de pensiones de 8.000 euros a 1.500 euros. Además, en el rescate están fuertemente penalizados porque se consideran rentas del trabajo.
El sector denuncia desequilibrio entre el primer pilar de la previsión social -la Seguridad Social- y los otros dos, los planes de pensiones empresariales y los individuales.
Esta es la principal conclusión de una mesa redonda organizada este martes por Mutua Madrileña, en la que los asistentes han destacado el desequilibrio entre el primer pilar de la previsión social -la Seguridad Social- y los otros dos, los planes de pensiones empresariales y los individuales.
La presidenta de la patronal aseguradora Unespa, Mirenchu del Valle, ha lamentado el «nulo desarrollo de previsión por parte del sector público, que no ha promovido como sería deseable «estos planes para funcionarios», lo que en su opinión supondría «la mejor campaña de publicidad».
Del Valle constata «una sensación de urgencia», que obliga a analizar medidas «que nos permitan atraer al mayor número de trabajadores posible».
Esto es complicado, ha señalado el presidente de la asociaciòn de planes y fondos de pensiones Inverco, Ángel Martínez Aldama, que teme que para impulsar el segundo pilar -los planes de pensiones empresariales- se eliminen incentivos al tercero -los individuales-.
Tres años después de la reforma de Escrivá, ha dicho Aldama, hay 12.500 millones de euros menos «que no han ido a ahorro a largo plazo, no sabemos dónde han ido, consumo, cuentas, pero no ha ido a la jubilación», lo que demuestra que «los productos estaban mal diseñados, ya que la reforma ha creado un producto nuevo y no ha impulsado la demanda».
«Hay que poner dinero»
Y para impulsar el segundo y tercer pilar, ha indicado, «hay que poner dinero».
En el mismo sentido se ha manifestado el secretario de Políticas Públicas y Seguridad Social de CCOO, Carlos Bravo, que ha asegurado que «el problema de la previsión social complementaria es de costes», ya que «si el 75 % del ahorro está en bienes inmuebles, el país tiene un problema», ya no sólo de acceso a la vivienda sino con impacto directo en las pensiones.
La responsable de Igualdad de la CEOE, Olimpia del Águila, ha reconocido que el sistema constitucional «es un buen pilar público de reparto, la joya de la corona del estado», y hay que protegerlo a la vez que se desarrollan los otros dos, en un contexto demográfico complicado.
Si no se desarrollan los planes de empresas y privados, ha dicho, se echan a perder «instrumentos de ahorro global, macroeconómicos y de redistribución de renta».
Aldama ha querido incidir en frente a las iniciativas que desde Europa promueven iniciativas para asegurar las pensiones los estados nacionales «no actúan en consecuencia, con lo que ellos mismos se están cargando la agenda europea».