La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra este jueves en las sedes de las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa para requerir documentación relacionada con la operación en la que ha quedado detenido el expresidente del grupo público Vicente Fernández, hombre de confianza de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, con el que ya trabajó en la Junta de Andalucía cuando gobernaba el PSOE, y que el dio el mando de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en 2018, aunque tuvo que dimitir en el 2019 por su imputación el caso Aznalcóllar.
Presidentes de empresas públicas nombrados por el dedo de Pedro Sánchez
Todas estas empresas están presididas por cargos socialistas nombrados a dedo por Pedro Sánchez. La SEPI está presidida actualmente por Belén Gualda González, otra política socialista de la órbita de María Jesús Montero. dirigió en Andalucía la Agencia de Obra Pública y cuando Montero accedió al Ministerio de Hacienda la nombra responsable de otra empresa pública, Navantia. De ahí saltó a la SEPI. Enusa, Empresa Nacional del Uranio, está presidida por Mariano Moreno Pavón, exgerente del PSOE que mantuvo reuniones con la fontanera Leire Díez y Cerdán y que paga los gastos del partido con sobres en efectivo sin control contable.
Sepides la preside Javier Rosell, miembro del PSOE de Castilla-La Mancha. Mercasa la preside José Miñones exminsitro de Sanidad de Pedro Sánchez entre marzo a noviembre de 2023, aunque antes ya había sido el delegado del Gobierno socialista en Galicia.
El caso que investiga la UCO en las empresas públicas está relacionado con Leire Díez, la ‘fontanera del PSOE’, el expresidente de SEPI Vicente Fernández, hombre del círculo de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y el empresario Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Servinabar
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha requerido este jueves documentación a todas estas empresas públicas -SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa- dentro de la operación en la que han sido detenidos la exmilitante socialista Leire Díez, conocida como la ‘fontanera del PSOE’, el expresidente de SEPI Vicente Fernández, hombre del círculo de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y el empresario Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Servinabar.
Fuentes próximas al caso han informado a EFE de estos requerimientos de información dentro de las pesquisas que dirige el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
En el marco de esta operación, que se encuentra abierta y bajo secreto sumarial, se están han desarrollando hasta 19 registros o requerimientos de información en empresas y domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.
Los agentes han acudido a las sedes de las empresas públicas a requerir información, si bien en el caso de Enusa -donde estuvo contratada Leire Díez- se ha tratado de un registro, según las fuentes.
Además de esas empresas públicas, los agentes han acudido a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital aragonesa, o a la empresa Cemsal.
Fuentes de SEPI han indicado a EFE que la compañía está prestando «máxima colaboración» con este requerimiento de información.
Prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal
El juez investiga posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según han informado fuentes jurídicas.
Los tres detenidos quedarán puestos este sábado a disposición judicial y se encuentran desde ayer en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).
Antxon Alonso, detenido ayer en Vizcaya, ya estaba siendo investigado en el Tribunal Supremo por su relación con la presunta trama de corrupción en la que estaría implicado Santos Cerdán, con el que firmó una escritura de compraventa por el 45 % de las acciones de Servinabar, si bien el exdirigente socialista asegura que nunca se hizo efectiva.
Según el último informe que presentó la UCO en el Supremo, Cerdán, a través de Servinabar, se quedaba con un 2 % de cada adjudicación que lograba la constructora Acciona, una empresa que tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con la trama del caso Koldo, y que supuestamente lograría contratos por medio de la «indebida influencia» del exdirigente socialista.
Leire Díez, por su parte, también se relacionada con Cerdán, esta imputada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias debido a presuntas maniobras contra miembros de la Fiscalía Anticorrupción o altos mandos de la Guardia Civil, como el teniente coronel de la UCO Antonio Balas.
Leire Díez, la ‘fontanera del PSOE’, es extrabajadora de las empresas públicas Enusa y Correos
Díez, extrabajadora de las empresa públicas Enusa y Correos, que dependen de SEPI, enmarcó sus movimientos en una investigación periodística, pero en la causa en su contra figura la grabación de una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa en la que dice ser «mano derecha» de Santos Cerdán y «la persona que ha puesto el PSOE» para investigar posibles irregularidades.
Vicente Fernández también está relacionado con Servinabar, empresa en la que trabajó después de dimitir en 2019 como presidente de SEPI al quedar imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla).