Las inmobiliarias piden seguridad jurídica para poner en alquiler 300.000 viviendas en España

El presidente de la Federación nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, ha dicho este viernes a EFE que en España hay 300.000 viviendas vacías, destinadas a uso turístico o de temporada, que podrían retornar al mercado de alquiler, para lo que se necesitan medidas que ofrezcan «seguridad jurídica» a sus propietarios.

Alfaro ha participado en Logroño en una jornada organizada por la Asociación de Inmobiliarias de La Rioja sobre la Ley de la Vivienda, que se aprobó hace un año.

Ha recordado que esta ley prohíbe a las inmobiliarias cobrar honorarios a los inquilinos y los carga a los propietarios, lo que «ha limitado el libre ejercicio profesional por primera vez en la democracia» a unos 100.000 agentes inmobiliarios censados en unas 30.000 agencias.

En este sentido, ha lamentado todos los encargos de servicio que tenían firmados estos agentes tuvieron que modificarse. A pesar de que son el gremio de la intermediación inmobiliaria y su servicio se presta y cobra a las dos partes, tanto a inquilinos como a propietarios.

Entre las medidas «positivas» de la ley, ha reconocido que mejora la calidad del servicio y otorga mayores garantías al usuario o consumidor cuando contrata con un profesional respecto a hacer una operación entre particulares, que generalmente no cumplen ni el 10 por ciento de las observaciones y de las normativas.

«La Ley de la Vivienda únicamente ha traído la posibilidad de establecer zonas tensionadas», pero ni en otras muchas comunidades se han definido aún, ni están operativas.

Las inmobiliarias hablan de la reducción de la oferta

En cuanto al índice de precios de alquiler, ha recalcado que se basa más en factores no objetivos, como el tipo catastral de la vivienda, por lo que aparecen diferencias de hasta el 25 % respecto a la situación del mercado.

«Si este índice se utiliza para limitar a la baja las rentas, lo que va a producir, como está ocurriendo ya en Cataluña, es una disminución de la oferta, que es algo que se ha apreciado desde que entró en servicio de la Ley de la Vivienda», ha recalcado.

Esta reducción de la oferta de vivienda en alquiler se ha producido porque «no existe ningún incentivo» para los propietarios; al contrario, hay una paralización de los desahucios, por lo que los arrendadores creen que tienen «menos seguridad jurídica».

Ha precisado que el tiempo medio para desahuciar a un inquilino moroso es de año y medio debido al atasco judicial creado por la declaración de protección al vulnerable.

Con esta bajada «tan acusada» de la oferta de vivienda para alquiler se ha puesto «al pie de los caballos» a los inquilinos, que era a quienes «se pretendía ayudar» con la nueva ley.

Ha constatado que los propietarios hacen un «casting» de inquilinos, de modo que por cada propiedad en alquiler que se pone en el mercado en un precio razonable existen entre 15 y 20 demandas de arrendatarios que cumplen absolutamente todos los requisitos.

«Este proceso de selección ha provocado que la gente esté desesperada por alquilar un inmueble porque no encuentran propiedades, aunque cumplan con lo requerido», ha indicado.