Fedea ha analizado los dos nuevos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo tras ocho años en el Gobierno de Sánchez y cerca de 300.000 desahucios tras el ruido mediático del desahucio de Maricarmen Abascal, que estaba subrogada de forma ilegal en el piso que ocupaba en el Retiro, Madrid, y concluye que este paquete de ayudas mejora la posición de los inquilinos que hoy tienen contrato a costa de los propietarios actuales y de quienes buscan vivienda.
Asimismo, el trabajo publicado por Fedea y elaborado por los profesores Fernando Pinto Hernández (Universidad Rey Juan Carlos) y Santiago Calvo (Universidad de las Hespérides) lamenta que los nuevos decretos dejen sin abordar el origen del problema, que es la producción de vivienda.
«Usar la Diputación Permanente para sortear el rechazo tiene mucho de fraude de ley», señala Fedea sobre los decretos de vivienda
El trabajo advierte también de que usar el distinto reparto de puestos de la Diputación Permanente para «sortear un rechazo tan reciente del Pleno tiene mucho de fraude de ley».
Respecto a las medidas concretas, para los contratos vigentes las nuevas prórrogas, la indemnización y el tope del 2 % operan, según Fedea, como una transferencia de una sola vez desde los propietarios hacia los inquilinos actuales, que se capitaliza en un menor valor de las viviendas arrendadas.
Según los datos tributarios de 2024 que analiza el Banco de España, el 76,1 % de los arrendadores personas físicas tiene una sola vivienda alquilada, mientras que quienes tienen once o más concentran apenas el 2,4 % de las viviendas que arriendan los particulares, de modo que el coste recae sobre todo en pequeños patrimonios familiares, apuntan.
En los contratos nuevos, el coste esperado se trasladará a rentas iniciales más altas y, en las zonas donde la renta de entrada está topada, a menos oferta, más ventas y una selección más estricta de inquilinos, que penalizará a las familias con arraigo que la norma quiere proteger, denuncian los autores, que creen que los efectos de las obligaciones de prórroga y de las indemnizaciones apenas se han evaluado.
Con una inflación superior al 3 %, la limitación de las actualizaciones al 2 %, o al 0 % si la renta supera el índice de referencia, supone una reducción real de la renta de entre el 1 y el 2 % en cada actualización, añade.
Estudiantes, trabajadores desplazados e inmigrantes recientes, perjudicados con las nuevas reglas del alquiler temporal
Además, añade que las nuevas reglas sobre alquiler de temporada y por habitaciones cierran una vía de elusión, pero también el segmento flexible que usan estudiantes, trabajadores desplazados e inmigrantes recientes.
Respecto a los incentivos fiscales, la nueva escala de reducciones del IRPF para los arrendadores crea escalones en los que subir la renta hasta casi un 13 % reduce la renta neta del propietario con un tipo marginal del 37 %.
La nueva deducción estatal por alquiler añade 11,6 puntos al tipo marginal efectivo de los inquilinos situados en su tramo de retirada, y los préstamos Tu Casa, sin interés y con carencias de hasta treinta años, incorporan un elemento de subvención cercano al 70 %, unos 7.000 millones de euros si se agota la dotación de 10.000 millones.
«Con una elasticidad de la oferta de vivienda en torno a 0,45, estas ayudas a la demanda se trasladarán en buena medida a precios», apuntan.
Además, señalan que el cuello de botella en la producción de vivienda combina la escasez de suelo urbanizado en las zonas de mayor demanda con la lentitud de la gestión urbanística. Las medidas de oferta del paquete, como los avales ICO, el apoyo a la construcción industrializada o el fondo de impacto social, son razonables pero modestas y actúan sobre la financiación, pero no sobre la disponibilidad de suelo urbanizado, agregan los autores.
