La gran empresa relaciona la decisión de Banco Sabadell de devolver su sede social a Cataluña, tras más de siete años en Alicante, en su estrategia en la batalla frente a la opa hostil lanzada contra la entidad por el BBVA.
Fuentes empresariales consultadas por EFE aseguran que la decisión de este banco de situar su sede en Sabadell está muy ligada a las circunstancias específicas que vive esta entidad, pendiente del futuro de la opa de BBVA.
Salvo CaixaBank, que ayer ratificó que no estudia trasladar de nuevo su sede social a Barcelona, ninguna de las grandes corporaciones que en 2017 movieron su sede social a otras ciudades de España, por miedo a una declaración unilateral de independencia de Cataluña, se ha pronunciado al respecto de la decisión del Sabadell.
Las fuentes consultadas por EFE aseguran que el sentir entre las grandes corporaciones que se marcharon es que el cambio de sede social sigue sin estar sobre la mesa y subrayan el contexto específico de la decisión del Sabadell, enmarcado plenamente en la opa.
Ninguna empresa de las grandes que se marcharon, incluida CaixaBank, ha decidido volver a Cataluña como el Sabadell ‘por el nuevo clima social’ tras la vitoria de Salvador Illa, como se defiende desde el PSOE y desde el Gobierno
En los últimos meses, el Gobierno catalán y los principales actores políticos y económicos de Cataluña se han alineado con Banco Sabadell en contra de la opa de BBVA, que ahora está pendiente del pronunciamiento clave de la CNMC.
«Nuestra sede está en Valencia con carácter indefinido» y ese escenario «no está bajo revisión», aseguraron ayer a EFE fuentes de CaixaBank.
Compañías como Naturgy, Cellnex o Abertis han declinado hacer declaraciones al respecto, al igual que la fundación bancaria La Caixa.
En los últimos años, apenas había habido movimientos de sedes sociales, pero en diciembre el consejo de administración de Molins, antes Cementos Molins, acordó por unanimidad la vuelta de su sede social a Cataluña, en octubre dio el paso Laboratorios Ordesa, y en 2023 también lo había hecho la tecnológica Red Points.
Foment prevé más movimientos en los próximos meses, que, sin embargo, no aventura nombre
Sin embargo, el presidente de la patronal Foment, Josep Sánchez Llibre, ha dicho hoy en Madrid: «En los próximos meses y antes de que finalice nuestro mandato, algunas empresas más relevantes van a seguir los pasos del Banco Sabadell y de Molins». Sánchez Llibre que no ha querido desvelar ningún nombre.
Sin embargo, durante los últimos años las grandes empresas que se marcharon en 2017 han ratificado, con motivo de ruedas de prensa o de sus Juntas Generales de Accionistas, que no contemplaban ningún movimiento respeto a su sede social.
El pasado mes de febrero, durante la presentación de sus resultados anuales, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, dijo que el retorno de la sede social de Madrid a Barcelona no se había tratado en el seno del consejo y que no había «nada» en este sentido.
En cuanto a Cellnex, su anterior presidenta, Anne Bouverot, aseguró en abril, con motivo de la Junta General de Accionistas, que la compañía no contemplaba su regreso a Cataluña.
La izquierda valencia aprovecha la vuelta del Sabadell a Cataluña para atacar a Mazón
Esa es la impresión generalizada por los empresarios y el sector financiero, aunque la izquierda valenciana tiene su propia versión de los hechos prefiere buscar a otro culpable y éste no es otro que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que está en el punto de mira de Compromìs o del PSOE desde la dana, aunque ninguno de ellos haya criticado nunca la actuación del Gobierno de Sánchez, por cierto, expulsado.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha manifestado que ahora es de la Comunitat Valenciana de donde huyen las empresas y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, «tiene que reflexionar sobre eso».
Preguntada por la decisión de Banco Sabadell de devolver su sede social a Cataluña, tras más de siete años en Alicante, ha afirmado que es «un síntoma de normalidad política» en Cataluña y «un síntoma de anormalidad política» en la Comunidad Valenciana.
Ha señalado que Mazón tiene responsabilidad de lo que ocurre con las empresas de su territorio y, si el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «no quiere ni pasear con Mazón por las calles, igual es que hay empresas que, por el coste reputacional que está sufriendo ya la Comunidad Valenciana con la negligencia de Mazón, quieren dejar de trabajar en nuestra tierra», ha dicho en declaraciones a los medios en FITUR.
Gestión nefasta
En términos parecidos se ha expresado la diputada de Compromís en el Congreso de los Diputados, Àgueda Micó Ha afirmado que la decisión de Banco Sabadell de devolver su sede social a Cataluña es una demostración de la «gestión nefasta» del Gobierno de la Generalitat Valenciana, que preside Carlos Mazón, y del Ayuntamiento de Alicante.
Según ha afirmado Micó este miércoles en declaraciones a los periodistas en Madrid, estas dos instituciones «no han permitido que el Sabadell tenga las condiciones» para poder quedarse en la Comunidad Valenciana.
Ha recordado que Compromís presentó una moción en mayo del año pasado, aprobada por el PP y el PSOE, en la que pedían «rechazar que hubiera una mayor concentración bancaria y que se apostara por un sistema financiero valenciano propio».
«Hicimos también mucho énfasis en que el Consell de la Generalitat elaborara un informe sobre el impacto social y económico de esta opa que el BBVA le estaba haciendo al Sabadell y que ponía el foco tanto en los trabajadores como en las oficinas que había para que los ciudadanos pudieran ir a utilizar las redes de oficinas del Sabadell», añade.
Micó ha criticado que la Generalitat no haya elaborado dicho informe y «no se haya preocupado porque el Sabadell se quisiera quedar en la Comunitat».
Compromìs no ve relación entre la opa del BBVA y la vuelta del Sabadell y asegura que se ha producido por el desprestigio de Mazón
A su juicio, «todo esto se enmarca en una crisis de desprestigio absoluta tanto del president Mazón como de todo el Gobierno valenciano».
Advierte asimismo de que «lo que estamos viendo son las primeras consecuencias empresariales de la negligencia que ha tenido el Partido Popular en la gestión de la dana de Valencia.
«Vemos cómo la situación económica de los valencianos y valencianos, de la gente de Alicante, se va a ver afectada por culpa de esta inacción del Gobierno valenciano, una más que sumar a la mala gestión de Mazón y de (el líder del PP, Nuñez) Feijóo», añade.
Por otro lado, ha lamentado que el problema de la especulación de la vivienda, que hasta ahora afectaba a las grandes ciudades como València, Barcelona o Madrid, «está llegando ya a ciudades medias», como Castellón de la Plana, donde los precios del alquiler han subido más de un 20 %.
«De hecho es la segunda ciudad donde más ha crecido en todo el estado y la primera en el País Valencià y esto también es consecuencia de las políticas que realiza el Partido Popular, tanto Feijóo como Mazón», ha agregado.
Micó se ha preguntado por último «qué más tiene que pasar para que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular decidan ya limitar los precios del alquiler» para que sean asequibles para la mayoría de la ciudadanía».