CSIF, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, se va a dirigir a partir de mañana a todos los departamentos y áreas de la Administración General del Estado (AGE) para que apliquen de forma inmediata la jornada laboral de 35 horas, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado este miércoles la resolución correspondiente.
CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) también exigirá la aplicación de las 35 horas en todas las empresas públicas y ámbitos que tengan derecho, y no descarta la adopción de medidas legales en caso de que no se satisfaga esta reivindicación, ha informado este miércoles el sindicato en un comunicado.
La central sindical se ha dirigido asimismo al conjunto de ayuntamientos para que activen las negociaciones y apliquen la nueva jornada laboral en los consistorios y entidades locales que aún no lo disfrutan.
El BOE establece que la resolución entra en vigor mañana, aunque con un plazo de un mes para realizar las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes, así como en los sistemas de control horario.
La Administración General del Estado tendrá hasta mitad de mayo para adaptar las 35 horas de los funcionarios
La secretaria de Estado de Función Pública ha dictado la resolución para la implementación de la nueva jornada ordinaria de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), que tendrá un mes, hasta mitad de mayo, para realizar las adaptaciones necesarias.
Según consta en la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el cambio resultará de aplicación «el día siguiente al de su publicación», es decir mañana jueves 16 de abril, aunque se da ese plazo de un mes «para realizar las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes, así como en los sistemas de control horario».
La resolución especifica que el cambio de las 37,5 horas semanales a las 35 horas aplica a la Administración General del Estado y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
También a «los organismos autónomos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la AGE».
No se aplicará al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en otros casos, como instituciones penitenciarios, deberá negociarse en su ámbito de negociación específico.
