La Seguridad Social ha denegado la prórroga del alquiler de dos años, aprobada por el Gobierno por decreto ley el pasado mes de marzo, a inquilinos de pisos de Madrid propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) que llevan con los contratos caducados desde 2017. El real decreto, anunciado a bombo y platillo por el Gobierno de PSOE-Sumar, que acusa a la oposición de que querer dejar a los más vulnerables en la calle, está a expensas de aprobarse en el Congreso donde no cuenta con mayoría suficiente para salir adelante.
El Sindicato de Inquilinos de Madrid ha denunciado este jueves en un comunicado la denegación de la petición de la prórroga, tras llevar más de un año reclamando una solución a su situación «sin que ningún responsable» del Gobierno (ni del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni del Ministerio de Vivienda) se haya reunido con ellos.
La asociación defiende que no hay «ningún impedimento legal para aplicar la prórroga y ampliar los contratos durante dos años», un tiempo en el que aspiran a abrir una negociación colectiva que ofrezca una solución a todos los afectados, incluidos quienes ya han recibido demandas de desahucio.
El Ministerio de Inclusión ha explicado a EFE que se trata de contratos extinguidos desde 2017 y que la TGSS se ha puesto en contacto con los arrendatarios en numerosas ocasiones desde hace más de un año para hacerles llegar toda la información y las explicaciones convenientes.
La Seguridad Social se ampara para desahuciar a unos inquilinos en que la prórroga de dos años solo aplica a los alquileres sujetos a la Ley de arrendamientos urbanos
La Subdirección General de Gestión de Patrimonio de la TGSS respondió a los inquilinos en un escrito fechado el 30 de marzo, en el que les aclara que el decreto ley con la prórroga de dos años solo aplica a los alquileres sujetos a la Ley de arrendamientos urbanos y les recuerda que los suyos ya no lo están, puesto que los contratos se extinguieron el 4 de enero de 2017.
El escrito copia párrafos del contrato original, firmado por la extinta Sociedad Pública del Alquiler, en el que se especificaba que al vencimiento de la cuarta prórroga de un año el contrato quedaría extinguido de pleno derecho.
No obstante, finalizado el plazo la TGSS no requirió a los inquilinos que abandonasen la vivienda, por lo que continuaron con sus alquileres de forma tácita.
Fuentes del Ministerio de Inclusión recuerdan que en 2022 el Tribunal de Cuentas realizó un informe de fiscalización sobre el patrimonio de la Seguridad Social en el que informaba de que se debía proceder a la venta de los inmuebles y a corregir las situaciones jurídicas irregulares, puesto que una administración pública no puede tener a inquilinos en situación irregular.
La Seguridad Social, según las mismas fuentes, habilitó a los inquilinos un canal preferente de compra de los inmuebles y abrió una vía de contacto permanente con ellos, donde se les ha convocado diversas reuniones para estudiar cada una de las casuísticas.