España deberá pagar 110 millones de euros a Eurus Energy, una filial de la multinacional japonesa Toyota, por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables, una vez que un tribunal federal de Estados Unidos ha ordenado ejecutar un laudo en ese sentido.
Fuentes próximas al caso han informado a EFE de que el Tribunal Federal del Distrito de Columbia ha rechazado los argumentos del Gobierno español, que encaja así la novena resolución adversa en Estados Unidos por los litigios internacionales derivados de la rebaja de las ayudas a las energías renovables.
La resolución, firmada el 24 de septiembre por el juez Randolph D. Moss, ordena hacer efectivo un laudo cuyo principal asciende a 106,2 millones de euros, cantidad a la que deben añadirse intereses, costas arbitrales y otros conceptos reconocidos durante el procedimiento, lo que suma algo más de 110 millones.
‘Caso Toyota’
El llamado ‘caso Toyota’ tiene su origen en las inversiones realizadas por Eurus en el sector eólico español al amparo del régimen de incentivos que España había establecido para atraer capital hacia las energías renovables, aunque entre 2010 y 2014 varias reformas regulatorias y fiscales modificaron y suprimieron ese régimen de ayudas de forma retroactiva.
Eurus acudió entonces al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando que los cambios regulatorios vulneraban las garantías contenidas en el Tratado sobre la Carta de la Energía, y obtuvo una resolución favorable a sus intereses.
España intentó posteriormente anular el laudo pero en junio de 2024 el comité de anulación del CIADI levantó la suspensión que impedía su ejecución y en julio de 2025 terminó rechazando la solicitud española.
En ese punto, Eurus pidió en los tribunales estadounidenses la conversión del laudo en sentencia ejecutable, que es lo que ahora ha dictaminado la corte de Columbia.
Tras esta decisión, España debe por los nueve casos en que ha recibido sentencias en contra, 837 millones de euros.
Zapatero regaló a las renovables una prima fija del 7% en 2007, lo que llevó al sistema eléctrico español al borde la quiebra
Todas ellas son consecuencia de unas insostenibles primas a las renovables que José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, concedió en 2007 a este tipo de energía, fijadas en un 7% y que pusieron al borde la quiebra al sistema eléctrico español.
Sus mayores inversores fueron los denominados fondos buitres y empresas creadas únicamente con el objetivo de conseguir esa prima fija del 7%. Muchas de esas instalaciones jamás se engancharon a la red. Bastaba con hacer la instalación para cobrar esa suculenta prima.
Mariano Rajoy, ante la gravedad de la situación del sistema eléctrico, se vio obligado en al cambio en la normativa española para la retribución a las renovables en 2013, lo que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.
Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el CIADI, dependiente del Banco Mundial.
