Los secretarios y subdirectores provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), unos 200 empleados públicos, han comunicado que han vuelto a convocar una jornada de paros el próximo lunes 30 de mayo.
Los convocantes, que ya han realizado paros durante marzo, denuncian la falta de respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, ante el «incesante incremento de cargas de trabajo, responsabilidades y funciones sin un reconocimiento profesional y de sus retribuciones»
En concreto, han criticado «el silencio de la ministra y resto de dirigentes políticos de la Seguridad Social ante las justas e inaplazables demandas de los directivos territoriales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)».
Esta segunda concentración es una escalada en una huelga de paros parciales que iniciaron el 10 de marzo de 2025 y que continúan con carácter indefinido y «un seguimiento masivo» de más del 85 % del territorio.
Además de los paros en la Seguridad Social, CSIF propone una gran manifestación a UGT y CCOO contra el Gobierno y su política con los funcionarios. Ni el sindicato socialista ni el comunista, alineados con el Ejecutivo de Sánchez han respondido
La callada por respuesta ha sido la contestación de UGT y CCOO a CSIF ante su propuesta de organizar una gran protesta en toda España para que el Gobierno negocie un nuevo acuerdo y abone la subida salarial pactada a los funcionarios.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, propone un frente común a UGT y a CCOO para organizar una gran protesta en toda España para que el Gobierno se siente de una vez a negociar la subida salarial de este año y abone el 0,5 por ciento pendiente correspondiente a 2024.
Según CSIF, la situación es muy grave. «Ya estamos en mayo y el Ejecutivo sigue sin aplicar la subida del 0,5 por ciento que debe desde 2024; y tampoco ha actualizado los sueldos este año para compensar la subida del IPC del año pasado. En total, calculamos que el Gobierno adeuda al conjunto de empleados/as públicos una media de 1.200 millones de euros en concepto de atrasos y por la evolución del IPC».
CSIF considera que el Gobierno debe aprobar por decreto la subida salarial pendiente, tal y como hizo en 2020 y 2024, así como el pasado mes de marzo con el personal militar. Próximamente, «realizaremos una petición formal al presidente del Gobierno ante la inacción del ministro de Función Pública, Óscar López», el candidato de Sánchez a la Comunidad de Madrid.
