El Supremo dictamina como prueba válida el informe de un detective para demostrar incumplimientos laborales

El Tribunal Supremo considera como prueba válida el informe de un detective privado para demostrar incumplimientos laborales. Lo hace en un fallo que ratifica que el despido analizado, se basa en dicha documentación improcedente debido a que la empresa no justificó claramente su necesidad.

La sala de lo social del Supremo ha estimado, respecto a una sentencia fechada el pasado 12 de septiembre, el recurso de unificación de doctrina presentado por la empresa de limpiezas, mantenimiento y cuidado de personas Zaintzen contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de febrero de 2022.

En 2021, Zaintzen decidió investigar a un empleado que realizaba trabajos de limpieza de cristales, una actividad donde se alternaba con otro compañero de la plantilla en el uso de un vehículo de empresa. Fue entonces cuando, terminadas las investigaciones del detective privado, se demostró que el empleado incurría «en multitud de incumplimientos, así como incluso en un delito contra la seguridad pública, trabajando y conduciendo bajo los efectos del alcohol, un día tras otro».

El Supremo no considera vulnerado el derecho a la intimidad al hacer uso de un detective privado

El Tribunal Supremo descarta que se hubiera vulnerado el derecho fundamental a la intimidad del trabajador, ya que para la averiguación de los hechos de los que tenía noticia el empresario y su constatación, «la medida idónea y proporcional era la contratación de un detective privado».

Existen otros casos similares en los que se solicita la experiencia y ayuda de un detective privado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2017, que declaró procedente el despido de un trabajador que había causado baja por tendinitis, y al que durante esta baja se le vio haciendo actividades que requerían cierto bienestar física como conducir, subir escaleras o jugar al fútbol.

En ambos casos estudiados por el supremo, la cuestión gira en torno a la necesidad real de la empresa, que debe acreditar la existencia de indicios de incumplimientos laborales por el empleado para hacer lícita una prueba testifical de un detective privado.