El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia ha rechazado por unanimidad la solicitud de España de revisar tres laudos arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en los que se condena a España por la retirada de las primas a las renovables.
En una resolución fechada el pasado 2 de diciembre a la que ha tenido acceso EFE, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia rechaza tomar en consideración los informes técnicos emitidos por la Comisión Europea en favor de España.
La resolución es susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo de EEUU y, de hecho, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguran que ahora mismo se está analizando esa posibilidad.
Las primas a renovables, el ‘regalo’ de Zapatero a los fondos de inversión que Rajoy corrigió en 2013 por la insostenibilidad del sistema eléctrico español
Se trata de las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables que Zapatero aprobó en 2007 y que sumieron al sistema eléctrico español en un déficit insostenible al ofrecer una rentabilidad fija del 7%, por lo que en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) se decretó por fin al ‘regalo’ a las renovables con un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones, muchas de ellas nunca estuvieron operativas, durante su vida útil.
Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.
Los casos planteados al tribunal de apelaciones son los de la firma estadounidense NextEra, a la que España debe indemnizar con 290 millones de euros, además de otros 5 millones en concepto de intereses de demora.
Otro caso es el de 9REN, vehículo inversor con sede en Luxemburgo al que España debe abonar 40 millones de euros más 3,5 millones de intereses; el tercer caso es el de la compañía japonesa JGC, a la que hay que compensar con unos 34 millones de euros entre indemnización e intereses.
En total, los 25 laudos arbitrales pendientes de pago por parte de España ascienden a más de 1.560 millones de euros.
