La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha 'conseguido' una reducción del 40% de la oferta de alquiler con la Ley de Vivienda, según denuncian las inmobiliarias.

Vivienda, tras seis años de inactividad, muestra su comprensión con los manifestantes

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha mostrado su comprensión con los manifestantes que este domingo salieron a las calles reclamando el acceso a una vivienda digna, ha mandado un mensaje de esperanza y ha subrayado que el Gobierno está actuando con determinación y en la línea correcta, algo que no ha hecho el Gobierno, primero en coalición con Podemos y más tarde con la rama escindida de Sumar, en los más de seis años en el poder, donde tanto el precio de la vivienda en alquiler como en propiedad se ha disparado. Nadie sabe, por ejemplo donde están los más de 100.000 inmuebles que prometió Pedro Sánchez en las elecciones municipales y autonómicas de 2023.

En una entrevista a la medida suya en la televisión pública, la ministra, con seis años de retraso -más vale tarde que nunca-, ha asegurado que hay que dar respuesta a la deficiencia del parque público de vivienda que tiene España para llegar a los estándares europeos con una mayor financiación y con colaboración público-privada y que se está interviniendo también en la regulación con un índice de precios de referencia que en Cataluña está abaratando el alquiler en las zonas tensionadas donde se aplica unos 100 euros al mes (-5 %) y bonificando a los propietarios.

Constructores, promotores y API alertan del agravamiento de la crisis de la vivienda

No opinan así los promotores, constructores y API que alertan del agravamiento de la crisis de la vivienda en Cataluña. Sobre esa reducción de precios el portavoz de los API (Agentes de la Propiedad Inmobiliaria), Carles Sala destaca que la bajada del alquiler no tiene por qué obedecer directamente a la aplicación del índice de referencia y ha apuntado que el mercado de alquiler vivió una espiral alcista en los meses anteriores al «anticipar» la medida, lo que podría explicar la corrección posterior a la baja. 

Sala considera que la ampliación de las llamadas zonas de mercado tensionadas no hará más que debilitar el mercado de alquiler al empujar a más propietarios de viviendas a salir de él optando por fórmulas como el alquiler de temporada o simplemente por la compraventa. «Todos los estudios hechos en más de un centenar de países sobre los efectos de la contención de precios advierten de la caída de los contratos. No vamos por el buen camino si la administración se dedica a señalar como culpable (de la falta de vivienda) a los propietarios», asegura.

«Si seguimos así, nos acabaremos quedando sin viviendas de alquiler»

Sala ha alertado de que «si seguimos así, nos acabaremos quedando sin viviendas de alquiler». «Normas como ésta son letales para las personas que quieren acceder al mercado de alquiler», apunta.

La portavoz de la patronal de los constructores y promotores APCE, Mònica Clivillé, se ha sumado a las críticas y advierte que el déficit de vivienda de alquiler, en especial asequible, se incrementará. «El problema se agravará aún más ya que el volumen de la oferta en estos nuevos municipios es mínimo. En general, las consecuencias sobre el mercado de alquiler, sobre la oferta y los contratos, aún serán más contraproducentes», señala Clivillé.

Pero Rodríguez, no se inmuta por esas críticas y cree que está en el camino correcto. «Los instrumentos están en marcha. Este Gobierno ha sido capaz de abordar grandes crisis, como la covid o la territorial (…) y estamos decididos a dar solución a la problemática en materia de vivienda», ha recalcado.

Prohibir los alquileres turísticos

La ministra ha insistido en que se está viviendo una «emergencia social» y situaciones dramáticas a las que se está tratando de dar respuesta con «absoluta determinación» y se ha mostrado a favor de prohibir los alquileres turísticos.

En este contexto, Rodríguez ha reconocido que ella misma ha clamado por la prohibición de los alquileres turísticos y que, dentro de sus competencias, el Ministerio trabaja en medidas de carácter normativo.

El decreto para regular los contratos temporales de vivienda, antes de fin de año

Con respecto a los alquileres de temporada, ha asegurado que ya tienen preparado el real decreto, el primero para desarrollar el reglamento europeo, con el que se va a abordar el fraude en este tipo de contratos.

Así, ha reconocido que algunos contratos se están sacando del mercado de alquiler residencial para salvar esas garantías y que la regulación de estos contratos para evitar los fraudes estará lista ates de final de año y que se cuenta con el respaldo de los registradores para desarrollar esa plataforma de alquileres.

Además, ha abogado por abordar un nuevo parque público de vivienda que se consolide de por vida, aspecto en el que también tienen discrepancias con el PP, y ha acusado a los que defienden el libre mercado de poner los cientos para llegar a esta situación liberalizando suelo, vendiendo viviendas a «fondos buitre», «maquillando» la promoción de vivienda pública o permitiendo alojamientos turísticos ilegales (13.000 en Madrid, ha  añadido).

El Bono Alquiler Joven, otra vez a escena

Entre las medidas puesta en marcha por el Ejecutivo para los jóvenes se ha referido también a los 200 millones de euros para el Bono Alquiler Joven, una medida que se ‘vende’ cada vez que el Ejecutivo habla de vivienda, que esta semana se llevarán al Consejo de Ministros para que puedan ser ejecutados por las comunidades, a las que ha pedido más celeridad para su tramitación, o los avales a la compra.

De hecho, se espera que la vivienda sea uno de los temas capitales que se abordarán en la próxima conferencia de presidentes que se celebrará en Cantabria.

Según los datos publicados este lunes por Fotocasa, el precio del alquiler cerró el tercer trimestre con un incremento interanual del 7,4 % hasta los 11,98 euros/m2 debido al gran desequilibrio entre oferta y demanda. A la cabeza de los precios se encuentra Madrid (19,61 euros/m2 al mes); Baleares (16,81 euros); Cataluña (15,75 euros); País Vasco (15,7 euros); Canarias (13,66 euros) o Comunidad Valenciana (12,09 euros). 

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