Gobierno argentino excluye a funcionarios de acceso a ley blanqueo capitales

Buenos Aires, 1 jun.- El Gobierno argentino modificó el proyecto de ley de blanqueo de capitales presentado al Congreso para impedir que los funcionarios y exfuncionarios puedan regularizar capitales no declarados con esta medida, informaron hoy a Efe fuentes legislativas.

El texto, presentado este martes al Congreso para ser sometido a debate, establece que todo aquel que desempeñe o haya desempeñado desde 2010 un trabajo público, tal como presidente, ministro o diplomático, no podrá acceder al blanqueo, algo que el Ejecutivo de Mauricio Macri no había contemplado cuando anunció la medida.

También quedan excluidas las autoridades militares y policiales, el personal del servicio de inteligencia, los encargados de entes reguladores estatales o cualquier otro tipo de funcionario.

La decisión fue tomada horas antes de entregar el proyecto al Congreso, después de que referentes de la coalición oficialista Cambiemos, liderada por Macri, criticaran que el texto inicial no contenía esta restricción.

Integrantes de la Coalición Cívica ARI (una de las fuerzas fundadoras de Cambiemos) manifestaron, en un texto publicado en las redes sociales este fin de semana, que los funcionarios y las personas imputadas en delitos contra la administración pública no debían acceder al «beneficio» de la ley porque supondría un «acuerdo de impunidad» y un «escándalo moral» para el país.

Para este partido, la exclusión de los funcionarios era un factor «innegociable», precisaba el texto.

Según el proyecto final, publicado en la página web de la Cámara de Diputados, tampoco pueden acceder al blanqueo de capitales quienes se encuentren en estado de quiebra o condenados por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, entre otros.

Para beneficiarse de esta ley, el Gobierno argentino plantea tres opciones: pagar un impuesto especial, suscribir bonos por el monto declarado o hacer inversiones de largo plazo en el país.

Aquellas personas físicas o jurídicas que declaren menos de 305.000 pesos (unos 21.500 dólares) no pagarán nada en concepto de gravamen y hasta 800.000 pesos (unos 56.000 dólares) el impuesto será del 5 %, mientras que por encima de esa cantidad, la tasa a pagar será del 10 % hasta el próximo 1 de enero, fecha en la que la alícuota subirá al 15 %.

Los fondos recaudados con el blanqueo serán destinados a resolver irregularidades relacionadas con el pago de jubilaciones durante las dos últimas décadas por parte del Estado argentino.

El proyecto de ley declara la emergencia pública «en materia de litigiosidad previsional» debido a la existencia de «cientos de miles» de reclamos de jubilados que en los últimos años llevaron a juicio al Estado por el reajuste de sus prestaciones en función al coste de vida.

El Ejecutivo pagará tanto a aquellos que ganaron juicios y aún no cobraron como a quienes se encuentran en trámites o aún «no han podido hacer valer sus derechos en la justicia».

El texto también contempla la implementación de una «pensión universal para el adulto mayor» para que todas las personas mayores de 65 años que no cuenten con una prestación obtengan un ingreso mensual equivalente al 80 % de la jubilación mínima garantizada. EFE