Jaime Botín recurre al Supremo para reclamar 25 millones pagados por la lista Falciani

La familia de Jaime Botín, ex presidente de Bankinter, trata de recuperar 25 millones de euros pagados a Hacienda por regularizar una cuenta del HSBC en 2010 tras aparecer su nombre en la lista Falciani.

Según Botín, el supuesto delito fiscal habría prescrito, por lo que exigió a la Audiencia Nacional esta devolución. Este tribunal ha rechazado su petición desestimando en su totalidad el recurso presentado.

Jaime Botín se acoge a la prescripción del delito en el primer ejercicio ya que había pasado más de 4 años desde que Hacienda lo detecta. No obstante, la Audiencia Nacional no lo considera en este sentido y aseguran que el mismo dinero que sirvió para librarse del primer delito fue cobrado indebidamente por Hacienda, según la sentencia a la que ha tenido acceso El Confidencial.

El 27 de julio de 2010 la familia de Jaime Botín llevó a cabo la regularizaron de las cuentas en el citado banco con sucursal en Ginebra. En total abonaron 25,05 millones de euros solo por 2005, presentando declaraciones a la Agencia Tributaria por importes parecidos en los ejercicios posteriores de 2006 a 2009.  «De forma extemporánea y sin requerimiento previo de la Administración Tributaria» realizaron estas complementarias para regularizar el dinero. La Agencia Tributaria envió después la carta en la que se señalaban las cuentas en suiza no declaradas, una información que se consiguió a través de Hervé Falciani, quien había sustraído los datos de forma fraudulenta mientras trabajaba en HSBC.

Con Zapatero en el poder y Elena Salgado como ministra de Economía y Hacienda se decidió realizar este aviso ya que se desconocía si se podía utilizar judicialmente la polémica lista. Años más tarde, en este 2017, el Supremo ha dado validez a la misma. Con estas misivas la Agencia Tributaria cobró 260 millones de euros, la mayor parte de la familia Botín, ya que no declararon una herencia del abuelo, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López. El dinero salió de España en la Guerra Civil.

La Agencia Tributaria indagó para conocer si realmente era había aflorado todo el dinero oculto o quedaba una parte. El caso de los Botín estaba a punto de prescribir, o ya lo había hecho según alegó la defensa, por lo que no se les podría imputar un delito fiscal. No obstante, la Agencia Tributaria denunció el caso el 13 de mayo de 2011, cuando apenas faltaban 17 días para que prescribiera el delito de la declaración de la Renta 2005.

El argumento esgrimido por Hacienda era que no se pudo determinar si las regularizaciones han sido completas y veraces, dando así más tiempo para continuar las investigaciones. La causa se archivó el 22 de mayo del año siguiente, ya que Hacienda afirmó que las declaraciones habían sido correctas, por lo que no había delito y se zanjó el caso. «La regularización practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta y anterior a que se hubiera incoado, por los órganos de la AEAT, un procedimiento de inspección o de verificación, concurriendo, en este caso, la excusa absolutoria», aseguró el juez Fernando Andreu.

No obstante, el 23 de noviembre de 2012, seis meses después, fue cuando los Botín exigieron el dinero pagado supuestamente de más. Jaime Botín y sus hijos exigieron la devolución de los 25 millones de euros de 2005, cuando la ley estipula un máximo de cuatro años para que Hacienda aflore el dinero oculto, pasado ese tiempo el delito prescribe. En el recurso uno de los hijos apuntó «si es posible defraudar a la Hacienda Pública cuando el devengo de la cuota tributaria se encuentra prescrito». «Yo realicé en 2010 una declaración, totalmente voluntaria, de todos esos bienes cuyo origen se remonta a una época muy distinta a la nuestra, porque entendí que en la actual y en medio de la grave crisis económica que sufre el país, eso era lo que debía hacer», se defendía Jaime Botín.

No obstante, la Audiencia Nacional señala en su sentencia: «El recurrente hace una interpretación estanca de nuestro ordenamiento jurídico, anclada en un formalismo poco compatible con las reglas hermenéuticas» del Código Civil y de la Ley General Tributaria. Asimismo, indica: «En el razonar del recurrente hay una incongruencia argumental: si tan convencido estaba de que realizaba un ingreso indebido por el pago tardía de una deuda prescrita, ¿por qué esperó el obligado tributario a que el juzgado de instrucción lo valorara para la aplicación de la excusa absolutoria?».

«Si nos atenemos a como se sucedieron los acontecimientos, observamos que la Administración tributaria, cuando el obligado tributario realizó el ingreso extemporáneo sin requerimiento previo del ejercicio 2005, ni reconoció la deuda ni llevó a cabo potestad tributaria alguna tendente a regularizar ese u otro ejercicio. Se limitó, ante la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública no prescrito a tenor de los establecido en el artículo 131.1 del Código Penal, a pasar tanto de culpa al Ministerio fiscal, momento en que perdió su competencia para conocer de la materia», recoge la sentencia, que destaca: «La prescripción administrativa no supone obstáculo alguno para la exigencia de la responsabilidad civil derivada del delito».

La familia de Jaime Botín ha recurrido así ante el Supremo exigiendo la devolución del dinero. Ahora es el Alto Tribunal quien decidirá quién tiene razón.