Junta e Iberaval inyectan 290 millones a la hostelería en créditos y ayudas

Junta e Iberaval inyectan 290 millones a la hostelería en créditos y ayudas

El plan podría prorrogarse en 2021 si persiste la situación crítica
13 noviembre, 2020
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Actualizado: 13 noviembre, 2020 16:43
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La Junta de Castilla y León y la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) Iberaval ponen al servicio del sector hostelero, desde hoy, siete líneas de crédito, cinco de ellas a interés cero, con el fin de inyectar 271,5 millones a las empresas y autónomos de este ámbito económico, uno de los más golpeados por la crisis del COVID-19 y que actualmente se encuentra cerrado en la Comunidad. Para alcanzar esa movilización económica, el Ejecutivo aportará 28,8 millones de euros, así como otros 19,4 millones en subvenciones directas. Según la SGR, se podrá llegar a 10.400 empresas.

Así lo pusieron hoy de manifiesto el presidente del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de Iberaval, César Pontvianne, quienes mantuvieron un encuentro para definir estas líneas de crédito, que pretenden “sostener la actividad de estos sectores”, incidió el jefe del Ejecutivo.

El paquete presentado hoy persigue garantizar el flujo de circulante y “apuntalar” la solvencia de las empresas que están soportando una pérdida parcial o incluso total de ingresos como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas para contener el avance de la pandemia, de manera que puedan sobrevivir y reflotar su actividad. “La hostelería y el turismo han sido especialmente golpeados. Por ello, traslado el compromiso de la Junta e Iberaval de que estamos con el sector”, sentenció Mañueco, quien añadió que estas líneas de crédito cuentan con “facilidades en los plazos de amortización y carencia”. Cinco de ellas a interés 0 y las otras dos, muy bajo.

El jefe del Ejecutivo avanzó que “si fuera necesario”, en 2021 se ampliarán las ayudas directas y las propias líneas de liquidez. “Si la situación lo requiere, haremos un esfuerzo presupuestario complementario”, comentó el presidente de la Junta, quien reclamó de nuevo un plan de choque coordinado para el sector hostelero al Gobierno central, con participación de las comunidades autónomas y las entidades locales. Pontvianne destacó la capacidad de Iberaval para adelantar este un volumen económico de unos 600 millones de euros, una partida presupuesta “ya disponible”, y concretó que el plazo medio de resolución es de entre siete y 14 días. “Esperemos que haya una avalancha de solicitudes”, confió.

En esta batería de medidas que hoy presentaron la Junta e Iberaval figuran las incorporadas al Plan de Choque para la protección de la actividad y el empleo –que fue suscrito el miércoles en el marco del Consejo del Diálogo Social– y otras nuevas y complementarias, que persiguen un reto común: “Contribuir a sostener la actividad y el empleo de dos sectores relevantes para la economía de la Comunidad en este complejo escenario”, en relación a la hostelería y el turismo, dijo Mañueco, quien vaticinó que estas partidas darán “oxígeno y aire para aliviar necesidades de alquileres, cuotas de la Seguridad Social, personal o hipotecas, entre otras cuestiones”. “Queremos que tras estos momentos complicados puedan mantener la actividad y el empleo que sostienen. Queremos que todos puedan reabrir cuando la pandemia lo permita”, deseó.

Mañueco destacó que las líneas que su Gobierno puso en marcha en la primera ola “han llegado” a sus destinatarios, mientras que justificó el retraso de otras medidas de ayudas recogidas en el primer acuerdo del Diálogo Social por requerían la aprobación de las bases regulatorias. “Se empezarán a pagar próximamente, como los ERTES”, dijo. De hecho, el paquete publicado en la primera ola valorado en más de 100 millones de euros está utilizado casi al 75 por ciento.

Por su parte, Pontivianne agradeció el “trabajo” de la Junta y cargó contra la “falta de unidad de acción política, que ha incomodado y molestado a más de uno”. “Algunos se han puesto la camisa de sus partidos políticos sin pensar en el bien común”, criticó. “Llevamos tiempo buscando alternativas y hoy las presentamos aquí. Tenemos que estar al lado de las pymes. La gran prioridad debe ser recuperar las condiciones para el empleo. Los próximos meses serán vitales porque llegarán los impagos y dificultades”, alertó.

Así, la primera de las líneas de crédito conocidas hoy estará enfocada al mantenimiento del empleo en hostelería, turismo y otros sectores afectados por la pandemia. Habilita operaciones avaladas de préstamo para inversión y circulante de pymes y autónomos vinculadas al mantenimiento del empleo. De este modo, las empresas pueden acceder a créditos avalados y gratuitos, con un plazo de amortización de hasta cinco años, con dos de carencia, de hasta 20.000 euros por cada puesto de trabajo mantenido. Estas cláusulas son aplicables hasta un límite de 200.000 euros, con el compromiso de sostener una decena de empleos.

En segundo lugar, una línea de financiación para alojamientos turísticos y agencias de viajes, que otorga créditos avalados para pymes y autónomos de ambos sectores para que puedan financiar hasta el cien por cien de sus necesidades de circulante a tipo de interés cero. El importe de las operaciones podrá llegar hasta los 400.000 euros, con un plazo de devolución de cinco años y la posibilidad de dos de carencia en la amortización del principal.

La tercera es la denominada por ‘confirming’, para compras del canal Horeca a proveedores. Este instrumento financiero pretende garantizar el cobro de los proveedores de las empresas del denominado canal Horeca. Está dirigido a pymes y autónomos para operaciones de pago financiado incluso a tres años, con importes que oscilan entre los 6.000 y los 300.000 euros, estipulándose en 120 días el tiempo máximo en el que los proveedores cobrarán sus facturas. El importe financiable será el cien por cien de las necesidades de liquidez y la comisión aplicable por la entidad financiera será de entre el uno y el 1,4 por ciento. “La idea es que no se rompa la cadena de pagos y las empresas puedan seguir cobrando y que el canal Horeca no rompa su tesorería”, justificó el presidente de Iberaval.

Una cuarta línea aborda la financiación en áreas con medidas preventivas para favorecer las zonas y actividades con restricciones de movilidad. Permitirá realizar operaciones avaladas de préstamo para pymes y autónomos ubicados en municipios o áreas donde se adopten medidas sanitarias preventivas para contener la expansión del coronavirus. El importe está comprendido entre los 6.000 y 100.000 euros, con un plazo máximo de devolución de cinco años y uno de carencia. Además, permitirá financiar íntegramente las necesidades de liquidez y la operación contará con una bonificación total de los gastos financieros durante toda la vida del préstamo.

En quinto punto, un anticipo inmediato de subvenciones, sin coste para el beneficiario, por parte de Iberaval. Esta línea se aplicará a cualquier subvención de las contenidas en este programa concedida al sector de la hostelería. Esta medida pretende agilizar el flujo de circulante a las empresas, aliviando así las esperas propias de la tramitación preceptiva para la resolución y el abono de las ayudas de la administración, una medida concreta que destacó el presidente de la Junta durante su intervención.

La sexta línea de liquidez es para micropymes y autónomos (denominada ICE COVID). Esta herramienta de financiación facilita operaciones a los empresarios más pequeños de entre 6.000 y 40.000 euros para apoyar sus necesidades de liquidez o circulante. El plazo máximo de amortización es de cuatro años y el interés es cero, a lo que se añade la bonificación total de los gastos financieros durante toda la vida del préstamo.

Por último, una línea de liquidez para distintos sectores empresariales afectados por la pandemia (ICE Financia). Incluye operaciones avaladas de préstamos a través de 13 sublíneas de crédito destinadas a emprendedores, autónomos y pymes del medio rural; a empresas de los sectores del turismo, el comercio o el agroalimentario; y a proyectos de reemprendimiento, entre otros. Aporta créditos de entre 6.000 y 750.000 euros para financiar inversión y circulante, con plazos de devolución de hasta 15 años y dos de carencia. La bonificación de los gastos financieros es variable, incluso total en algunas líneas.

Junto a los programas de financiación, la Junta dirige a la hostelería y el turismo 19,4 millones de euros en ayudas directas para favorecer la continuidad de la actividad y del empleo. Se dividen en seis puntos. Por un lado, para proyectos de inversión en pymes, dotada con cinco millones de euros y dirigida a autónomos y pymes que inviertan en Castilla y León. En este sentido, el Gobierno autonómico subvenciona proyectos de nueva apertura, ampliación y mejora en establecimientos de restauración, comercio y turismo activo, así como en alojamientos hoteleros y de turismo rural. La ayuda puede alcanzar entre el 20 y el 30 por ciento del coste de la iniciativa, que podrá ir desde los 30.000 euros hasta 1,5 millones. El porcentaje de la subvención se incrementa el cinco por ciento si la actividad se desarrolla en la provincia de Soria.

La segunda línea de ayudas es para el acondicionamiento de espacios seguros. Así, se consignan cinco millones de euros para ayudar a los locales de hostelería a adaptarse. Estas subvenciones cubren gastos como el cerramiento de terrazas o la disposición de estufas y mobiliario de confort, inversiones que permiten a los establecimientos desarrollar su actividad sin comprometer la seguridad de clientes ni trabajadores.

La tercera es para para la adquisición de equipos de protección colectiva frente a riesgos biológicos. A través de estas ayudas se financia parte de los costes que asumen las empresas al dotarse de material de protección colectiva frente a riesgos biológicos.

La cuarta línea es la puesta a disposición de las empresas de un sistema de bonos para el consumo de servicios turísticos. Tiene el objetivo de “relanzar”al sector cuando la situación epidemiológica lo permita. Dotada con dos millones de euros, pretende fomentar la demanda turística, impulsar el gasto y contribuir al mantenimiento del empleo en este sector.

Otra de las medidas directas se dirige al pago de costes sociales. Mediante esta línea, dotada con cinco millones, el Ejecutivo ayuda a las empresas a hacer frente a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes de los trabajadores desafectados de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Por último, se ayudará la contratación temporal para la consolidación del trabajo autónomo y la conciliación de la vida laboral y familiar. Se persigue fomentar la contratación de personas desempleadas para sustituir a trabajadores autónomos o por cuenta ajena, que se encuentran de baja por contagio o en aislamiento, o bien necesitan atender a menores o personas dependientes o con discapacidad en situación de confinamiento domiciliario. Cuenta con un presupuesto de 400.000 euros.

El presidente de la Junta recordó además que a estas iniciativas con impacto económico se suman otras de tipo administrativo ya impulsadas con anterioridad para apoyar a estos sectores. Es el caso de la adaptación normativa realizada por la Junta mediante el Decreto Ley 8/2020, de 3 de septiembre, por el que se modifica la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad; una modificación que “ha permitido a negocios de ocio nocturnos acondicionar sus locales y su actividad a otros usos diurnos vinculados a la hostelería”.

Pontvianne subrayó que este paquete presentado hoy “será un excelente tratamiento para la economía regional y la argamasa para construir el sistema en próximos meses”. A día de hoy, dijo, la SGR ya está por encima de los 318 millones que se formalizaron en 2019. “Batiremos el récord de operaciones, por encima ya de los 5.000”, explicó el presidente de Iberaval, quien comentó que un porcentaje “muy importante” de las empresas que han accedido a esos créditos “de otra manera no habrían podido levantar la persiana”.

En la actualidad, la media económica por operación se sitúa en los 79.000 euros, frente a los 122.000 de la etapa precovid. “Recibimos más operaciones, pero menores en cifras económicas, con especial incidencia en el medio rural, porque se requieren para circulante o tensiones de mantenimiento de empresas. Esperemos que las entidades financieras sepan responder al desafío”, confió.

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