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La comisión de la minería investigará veinte años de ayudas

Se analizarán planes del carbón por importe de 1.000 millones

La comisión de investigación abierta en las Cortes sobre el análisis de las ayudas a la minería acordó hoy centrar el trabajo en el periodo 1998-2018, cuando se pusieron en marcha tres planes del carbón por valor de más de 1.000 millones, si bien ninguno de los grupos habla de posibles irregularidades en su gestión pero PSOE y UPL creen que no han dado los efectos esperados para la reactivación de las cuencas y culpan de ello directamente a la Junta de Castilla y León.

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Los grupos pedirán ahora documentación a la Junta -no se ha fijado un plazo- sobre las ayudas destinadas a infraestructura en la zona y a proyectos de promotores para después determinar las personas que deberán comparecer en esta comisión, la tercera creada en esta legislatura a instancia del acuerdo de gobierno entre PP y Cs.

La delimitación del periodo de análisis no fue compartido por el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, que planteó que se investigara desde 1991, cuando se inició la reconversión con el cierre de Hullera de Sabero, a la vez que se inclinó por no poner el foco en obras que hayan realizado los consistorios, sino en fiscalizar ayudas a inversores que después deslocalizaron las empresas.

“Hay que ver quién, cómo se elegían los proyectos y a quién se daban”, sostuvo el procurador socialista Javier Campos, quien afirmó que PP y Cs “no tienen claro” como quieren abordar el trabajo de esta comisión y criticó que el dinero fuera a mantener empresas mineras, que cuando se han cerrado se ha visto que no hay actividad en la zona.

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Igual que UPL, el Grupo Socialista argumenta que el “fracaso” no está en obras realizadas por los ayuntamientos con esos fondos, sino en que la Junta “no ha sabido articular en estos 30 años una política” para las cuencas, según Campos, quien reconoció que las bases de los planes del carbón las fijaba el Gobierno, pero recordó que era “decisivo” el informe de la ADE (la entonces Agencia de Desarrollo Económico de la Junta).

“Todas las ayudas al medio rural son importantes, hasta una pavimentación es una dinamización” para un municipio, sostuvo la procuradora del PP Mercedes Cofreces, que defendió como el “mejor enfoque” de análisis de los fondos por parte de la comisión el periodo de vigencia de los tres planes del carbón.

En concreto, recordó que el I Plan Estratégico del Carbón 1998-2005 contó con unos 700 millones de euros, que ha tenido “un nivel de ejecución importante”, el segundo fue para el periodo 2006-2012, con 400 millones y una ejecución en torno al 80 por ciento y el tercero, entre 2013-2018, “no ha tenido ninguna ejecución”.

La procuradora de Cs Blanca Negrete, igual que la presidenta de la comisión, Inmaculada Gómez, del mismo grupo, defendieron el periodo de análisis de las ayudas -ellas hablan de análisis más que de investigación- y subrayaron que se trata de ver si se han aplicado bien o no, conforme a su objetivo, y ver si se puede mejorar.

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La comisión de investigación no tiene una fecha de reunión, ya que ahora se cursará la petición de documentación a la Junta, que “es amplía”, y después se definirá un calendario de actuación.