La Junta aprueba una subvención de 400.000 euros al Serla para atajar conflictos laborales colectivos

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, la concesión de una subvención directa de 400.000 euros a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla) para la financiación de su actividad en el ejercicio económico de 2023 para solucionar los conflictos laborales colectivos de la Comunidad.

Esta aportación implica un ahorro del 60 por ciento para la Junta de Castilla y León con respecto a la financiación anterior. De este modo, a partir del 1 de julio, quedarán excluidos de los gastos objeto de subvención los derivados de contratos de alta dirección de la Fundación, que actualmente ascienden a 76.000 euros; los de arrendamiento de la sede al ser reubicado en un edificio público; los intereses deudores de las cuentas bancarias y la mediación será realizada por un solo profesional para cada conflicto.

Asimismo, la justificación de los gastos estará limitada exclusivamente a los vinculados a la gestión de los conflictos colectivos y a la intervención de un mediador o un árbitro, según corresponda, en cada conflicto colectivo atendido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, reiteró que la Junta apuesta por la “austeridad” para concentrar el esfuerzo en el servicio público como la solución de los conflictos, lo que exige ahorros en los aspectos “más burocráticos” o “más reglamentarios”.

Preguntado por si la Junta valora ampliar la subvención de 400.000 euros a lo largo del año, Fernández Carriedo respondió que la Junta ha hecho un esfuerzo “muy relevante” que ha supuesto un esfuerzo económico “considerable”. Por lo tanto, reclamó a la Fundación que, a partir de ahora, gestione con “eficiencia” estos recursos. “Si hay algún tipo de entidad que excede de los gastos inicialmente previstos se examinarán las circunstancias de lo que determinan pero será la propia Fundación que establezca las líneas de ahorro y de eficiencia del gasto”, reiteró.

Precisó, según recogió la Agencia Ical, que la Junta y la Fundación Serla son dos entidades públicas pero cada una actúa como una entidad jurídica, por lo que la administración autonómica realiza una aportación económica, a través de su Presupuesto, mientras que el Serla es el encargado de gestionar estos recursos, tras recibir la subvención.