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El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, entre risas en una sesión de Control al Gobierno. | Efe

Las grandes y medianas empresas, obligadas a publicar sus tablas salariales y sus planes de igualdad

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto ley que amplía de forma progresiva el permiso de paternidad a 16 semanas, pero el que también se incluye la obligación de las empresas medianas y grandes (con más de 50 empleados) de publicar tablas salariales.

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De esta forma, el permiso de paternidad pasará a ser de 8 semanas desde la entrada en vigor (al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado) y aumentará a 12 semanas a partir del 1 de enero de 2020 y a 16 semanas desde el primer día de 2021, alcanzando en tres años la media que tienen los países de la UE.

Preguntada por la disconformidad de la patronal con la equiparación de los permisos, la vicepresidenta, Carmen Calvo, se ha limitado a decir que la norma se ha tratado en el marco del diálogo social con patronal y sindicatos, y que ahora «lo importante» es que el decreto ley sea convalidado por los grupos parlamentarios.

El decreto ley contempla también la recuperación de las cotizaciones sociales para los cuidadores de personas dependientes, principalmente mujeres, que correrán a cargo del Estado aunque serán abonadas por la Seguridad Social, alcanzando junto a la ampliación del permiso de paternidad un coste de unos 610 millones.

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Además, una vez entre el vigor el decreto, las empresas medianas y grandes (con más de 50 empleados) estarán obligadas a publicar tablas salariales, que estarán accesibles para todos los trabajadores vía sindical o personal, así como a inscribirlas en un registro público.

«Vamos a cumplir en términos jurídicos con la premisa de que a igual trabajo, igual salario», ha indicado Calvo, quien ha recordado que «la brecha salarial -entre hombres y mujeres- ronda el 23 % en algunas áreas».

Las medianas y grandes empresas también estarán obligadas a elaborar planes de igualdad y a registrarlos públicamente, con el objetivo de que las mujeres «tengan una influencia importante y sean su propia voz» en el mundo laboral.

No obstante, la norma se aplicará la obligatoriedad de los planes de igualdad de forma gradual dando un plazo de tres años a las empresas pequeñas y de un año a las grandes, lo que Calvo ha considerado un «periodo razonable de tiempo y adaptación del derecho igualitario de trabajo en España».

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La vicepresidenta ha considerado estas cuatro medidas son «necesarias y urgentes» y que ya estaban contempladas en el proyecto de ley socialista en materia de igualdad no pudo sacarse adelante por «el bloqueo y paralización» experimentado los últimos meses en el Congreso de los Diputados.