Los fotovoltaicos españoles piden el mismo trato en las indemnizaciones por las primas a renovables que los fondos de inversión

La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) ha reclamado este jueves a todas las instituciones del Estado una solución que evite una «doble justicia» respecto a los «drásticos recortes retroactivos» a las renovables, pues mientras inversores extranjeros están siendo compensados, los nacionales no corren la misma suerte.

«¿Merecen las familias españolas (…) una diferente justicia a la que han alcanzado los grandes fondos internacionales?», se pregunta Anpier en una nota, en la que insta a articular «algún mecanismo extraordinario que evite una situación de injusticia sin precedentes en las democracias desarrolladas».

Las primas a renovables, un problema cuyo verdadero origen está en el Gobierno de Zapatero de 2007

El problema se remonta a las inasumibles primas a las renovables que fija José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 que dispararon el déficit eléctrica con una escasa producción de energía. Para frenar ese desaguisado en 2012 y 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy decidió reducir dichas primera, lo que motivó demandas millonarias en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), institución dependiente del Banco Mundial.

Las iniciativas del Ejecutivo del PP redujeron las primas a las renovables que había puesto en marcha el Gobierno anterior, dirigido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que a su vez también había recortado, cuando en España, pese a negarlo en las elecciones generales de 2008, entró en una grave crisis que casi acaba con la intervención de Bruselas.

De hecho, en 2013 y a fin de atajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico, se aprobó una reforma legislativa que hizo caer la rentabilidad prevista por numerosas instalaciones renovables, y hubo inversores internacionales que acudieron a las cortes de arbitraje para denunciar a España.

«Los inversores internacionales no vieron conveniente acudir a la justicia española, como inevitablemente debieron hacer los nacionales», subraya Anpier, que lamenta que estos últimos «perdieron cualquier posibilidad de reparación frente a argumentos por parte del Estado que no han parecido aceptables» al Ciadi.