0,30%, comisión máxima por los planes de pensiones de empleo de promoción pública

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto con cambios en el reglamento de planes y fondos de pensiones y que fija, entre otros puntos, una comisión de gestión máxima del 0,30 % para las entidades que asuman los planes incluidos en los fondos de pensiones de empleo de promoción pública.

En un comunicado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, explica que la norma también regula el funcionamiento y composición de la comisión promotora y de seguimiento, y de la comisión de control especial, pasos necesarios para avanzar en la puesta en marcha y extensión de estos planes colectivos de pensiones.

La nueva norma, subrayan, desarrolla «la arquitectura institucional» para el desarrollo de los planes colectivos de pensiones en España, donde son minoritarios frente a los individuales, tras la aprobación de la ley el pasado mes de junio.

Con el reglamento, explican, se podrá proceder a la selección de los miembros de las comisiones, al diseño e implementación de la plataforma digital común y abrir el proceso de selección de entidades gestoras y depositarias.

En este último punto, el reglamento detalla las comisiones que podrán aplicar las entidades que se ocupen de la gestión de los planes incluidos en los fondos de pensiones de empleo de promoción pública y se establece esa comisión de gestión máxima del 0,30 %.

También se dispone que, de forma excepcional y vinculada a los gastos en los que incurran a la hora de conectarse a la plataforma digital común, las entidades gestoras puedan repercutir estos costes durante un plazo máximo de cinco años.

También se establece un régimen de «máxima transparencia» en los gastos directos e indirectos incurridos por las entidades gestora y depositaria en los informes trimestrales y semestrales.

En cuanto a la comisión de control especial el reglamento estipula asimismo las condiciones de retribución de sus integrantes.

El objetivo, recuerdan desde la Seguridad Social, es facilitar el acceso de los trabajadores de pymes, empleados públicos y trabajadores autónomos a los planes de pensiones colectivos para que estos puedan «desplegar plenamente sus efectos en los próximos meses».