La Policía Nacional investigó desde el principio a la plataforma de inversión en bitcoins Arbistar como una estafa piramidal de tipo «Ponzi», tras recibir las primeras denuncias de usuarios que no podían recuperar ni el capital inicial invertido ni los intereses presuntamente generados.
Así lo han ratificado este miércoles en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid) cuatro funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que intervinieron en los registros y la incautación de archivos, documentos y dispositivos electrónicos en el domicilio del cabecilla de la trama, Santiago Fuentes Jover, y en distintas oficinas de Arbistar.
Una estafa piramidal de tipo «Ponzi» finge una inversión rentable, pero lo que hace es pagar los intereses de los inversores con el capital que no se invierte o con el de los nuevos inversores; mientras se obtienen nuevos clientes la pirámide crece, pero cuando dejan de existir el montaje se cae.
La Policía comenzó a investigar a Arbistar a raíz de una serie de denuncias sobre la plataforma, que no permitía recuperar los fondos ni pagaba los intereses comprometidos
Durante la pericial conjunta de los cuatro policías, estos han explicado cómo comenzaron a investigar a Arbistar a raíz de una serie de denuncias sobre la plataforma, que no permitía recuperar los fondos y dejó de estar operativa a mediados de 2020 y que coincidieron en el tiempo con un informe de inteligencia financiera del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
Todo ello les llevó a organizar un operativo, que contó con todas las garantías judiciales, y a registrar el domicilio de la pareja sentimental de Santiago Fuentes Jover y distintas oficinas, donde se incautaron de archivos, documentos y dispositivos electrónicos, siempre con la presencia de un letrado de Justicia y del propio acusado.
Todos los efectos quedaron debidamente precintados para que no pudieran manipularse, han reiterado los agentes, extremo puesto en duda por las defensas de los acusados, que han cuestionado la fiabilidad de la cadena de custodia.
No obstante, los policías han defendido el rigor con el que se procedió a los registros y han detallado todos los pasos que se dieron para evitar cualquier manipulación.
La Fiscalía pide para Fuentes Jover más de 29 años de prisión por estafa a más de 32 inversores, y cuantifica el importe defraudado en 1.902 millones de euros; sin embargo, el bufete Aranguez Abogados, que representa a cerca de 4.000 afectados, lo eleva a 3.500 millones de euros.
