El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) avanza en el procedimiento iniciado por el grupo minero Berkeley contra España por su mina de uranio en Retortillo (Salamanca), y ha programado para mediados de 2027 una audiencia en la pieza que analiza objeciones en materia de jurisdicción.
Según explica Berkeley en su informe anual, remitido este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta sesión sucederá al habitual intercambio de escritos procesales, que abarca el ‘memorial’ o escrito de demanda, el escrito de contestación, la réplica y la dúplica.
Con todo, la compañía manifiesta, una vez más, su compromiso con el proyecto y «continúa abierta a mantener un dialogo constructivo con España». En esta línea, Berkeley insiste en que está «lista y abierta a colaborar» con las autoridades españolas con el objetivo de alcanzar una «resolución amistosa».
Tal como recuerda en el documento enviado al mercado, el Ciadi, institución del Banco Mundial con sede en Washington, dividió el caso en dos fases tras estimar el escrito de demanda presentado por el Estado español.
Primero están las objeciones jurisdiccionales relativas a la denegación de prestaciones, y después, el fondo del asunto y la posible cuantía de la indemnización por daños y perjuicios.
Los gastos del arbitraje
Berkeley alega que la acciones de España contra su filial y su proyecto en el país han violado múltiples disposiciones del tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), y reclama una compensación de 1.250 millones de dólares (1.095 millones de euros).
Por lo pronto, los gastos del arbitraje para la compañía se duplicaron en su ejercicio fiscal 2026, que concluyó el pasado 30 de junio, en comparativa interanual, y rondaron los 4,7 millones de dólares australianos (unos tres millones de euros).
Esta partida, entre otras, ha contribuido a los resultados de Berkeley Energía, que arrojan una pérdida neta de casi 8,7 millones de dólares australianos en el periodo, un 60 % más.
A esta circunstancia también se suman las pérdidas por las diferencias de cambio como consecuencia de la apreciación del dólar australiano frente al estadounidense.
La historia del procedimiento
Cuando inició el arbitraje, que fue anunciado en 2024, la minera apuntó que este procedimiento podría convertirse en la mayor reclamación a la que se enfrenta España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno.
España aprobó en 2021 la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que se introdujo una enmienda por la que no se aceptarían nuevas solicitudes de concesiones de exploración, investigación y explotación directa de materiales radiactivos, ni tampoco sus prórrogas.
Con las concesiones existentes, Berkeley defiende que los procedimientos abiertos y las solicitudes relacionadas con éstos continuarían con base en la legislación anterior.
La nueva ley entró en vigor en mayo de 2021 y en noviembre de ese año el Ministerio para la Transición Ecológica notificó a Berkeley que había rechazado el proyecto tras un informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
