Embargado un colegio español en Londres por el laudo de las renovables

El Tribunal Superior británico ha concedido al grupo Antin de inversores en energías renovables una orden provisional de embargo de un colegio español en Londres por el impago por parte del Gobierno de España de un laudo arbitral valorado en 120 millones de euros.

En un dictamen difundido este viernes, el juez Gary Thornett autoriza a Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar -los titulares del llamado laudo Antin- a apoderarse de los terrenos en los que se ubica el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, en un antiguo convento de dominicos en el barrio de Notting Hill.

Fuentes cercanas a los inversores han confirmado a EFE que la orden de embargo no se ejecutará inmediatamente, a falta de que se ratifique en un próximo juicio en una fecha por determinar.

Por otra parte, el Gobierno español tiene un periodo de dos meses para pedir la anulación de esta orden cautelar de cobro, tal y como se precisa en el documento judicial fechado el 2 de agosto.

Antin tiene demandada a España en el Reino Unido por el incumplimiento de los laudos sobre renovables

Los titulares de Antin, inmersos en un proceso judicial contra España en el Reino Unido y otros países, han recurrido a esta orden provisional de embargo para forzar a España a cumplir el laudo emitido en 2018 por el CIADI, organismo asociado al Banco Mundial en Washington (Estados Unidos).

Ese laudo, registrado también en Inglaterra, obliga al Gobierno a abonarles 120 millones de euros más intereses por las pérdidas sufridas cuando en 2013 redujo unas ayudas de 2007 a la energía renovable.

No es la primera vez que un bien español es embargado o amenazado de embargo en Reino Unido por el laudo de las renovables. El pasado mes de abril, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la capital británica decretó el bloqueo de las cuentas de todos los institutos Cervantes en Reino Unido como medida cautelar solicitada por el fondo InfraRed, que ganó un arbitraje contra España.

La justicia inglesa tiene que decidir si acepta o anula el registro hecho en 2021 ante esa corte de un laudo que obliga a España a pagar 120 millones de euros a unos inversores perjudicados cuando en 2013 redujo unas ayudas de 2007 en favor de la energía renovable concedidas por José Luis Rodríguez Zapatero por unas cantidades desorbitadas que atrajeron a todos los fondos de inversión especulativos del mundo.