Indra, la tecnológica y consultora que ofrece servicios en transporte y defensa, ha cerrado con una subida del 4,15%, aunque a lo largo de la sesión llegó a marcar casi un 8%, en bolsa tras la concesión por el Gobierno de varios créditos por importe de 880 millones de euros que, según ha anunciado, le permitirá crear 3.000 empleos directos. La acción de Indra ha quedado en los 42,20 euros, frente a los 40,56 de ayer.
Al parecer, la cotización de Indra en bolsa no tiene en cuenta las amenazas anunciadas anoche por el presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer aranceles a España por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a gastar el 5 % de su PIB en defensa, algo que calificó de «increíblemente irrespetuoso» con la Alianza Atlántica
El Gobierno aprobó este martes tres reales decretos que prevén la concesión de préstamos a empresas como Indra o Santa Bárbara para el desarrollo de programas del plan de defensa por importe de 6.890 millones de euros con el objetivo de llegar al 2 % del PIB.
Según el analista de Renta4 Iván San Félix Carbajo, la noticia de la asignación por el Gobierno de 6.890 millones en préstamos al 0 % para la industria militar es positiva para Indra al conseguir financiación para desarrollar un gran número e proyectos en los que participa.
Asimismo, ha apuntado que estos préstamos demuestra el fuerte apoyo del Gobierno a Indra para que se convierta en la principal empresa tractora del ecosistema defensivo en España.
Renta4 sitúa el precio objetivo en revisión, tras haberlo situado anteriormente en 32,9 euros.
Santa Bárbara propone a Indra colaborar para fabricar sus programas de defensa en España
Por otra parte, GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha propuesto este miércoles un marco de colaboración con Indra para ejecutar los programas del obús autopropulsado a cadenas (ATP) y los vehículos lanzapuentes, asignados sin concurso, con el objetivo de evitar recurrir a alternativas fuera de la UE y de la OTAN.
Lo ha hecho en una nota de prensa, en la que ha anunciado la creación de 200 empleos después de que el Consejo de Ministros aprobara este martes tres reales decretos que prevén la concesión directa de préstamos a varias empresas para el desarrollo de una veintena de programas del plan de defensa, por un total de 6.890 millones de euros.
La compañía ha afirmado que pondrá al servicio de Indra un “marco de colaboración” para el desarrollo y fabricación de estos programas del obús autopropulsado a cadenas (ATP) y de los lanzapuentes, «asignados sin concurso por concesión directa», apunta.
Considera que tanto el obús autopropulsado Némesis como los lanzapuentes Anaconda están basados en «tecnologías maduras, de propiedad intelectual española y europea», y con capacidad de fabricación en España, lo que puede contribuir a garantizar que ambos programas se desarrollen en el país sin recurrir a alternativas fuera del marco de la UE y la OTAN.
Sin decirlo expresamente, alude así a tres de los programas adjudicados por el Gobierno por 3.192 millones a Indra, dos de ellos a una UTE conformada por la tecnológica y por Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), propiedad del presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano, Javier.
Indra intentó en el pasado comprar Santa Bárbara a General Dynamics, operación que no prosperó.
Más de 200 nuevos empleos
Santa Bárbara ha anunciado que incorporará más de 200 profesionales en sus centros de Andalucía, Asturias y Madrid para la ejecución de los programas adjudicados.
Así, prevé fabricar en la planta asturiana de Trubia los Vehículos de Apoyo a Cadenas (VAC) en el marco de su participación en TESS Defence, escogida para el desarrollo de este programa con un presupuesto de 788 millones.
Este programa garantiza carga de trabajo en la factoría asturiana durante la próxima década, según ha dicho.
Santa Bárbara considera que es la «única» empresa española que dispone de las tecnologías, capacidades actuales, personal e instalaciones necesarias para el desarrollo de este tipo de vehículos.
Por otro lado, ha anunciado que en Alcalá de Guadaira (Sevilla) se incorporarán especialistas en gestión del ciclo de vida de los vehículos terrestres acorazados para desarrollar el programa Pizarro, dotado con 176 millones de euros y que le fueron adjudicados.