Las Sicavs, perjudicadas directamente por PP, Podemos, C’s y PSOE

Las sociedades de inversión de capital variable, conocidas por el acrónimo Sicavs, son las principales víctimas directas de todos los partidos políticos con opciones de Gobierno. Incluso el PP quiere darles el rejón que no se han atrevido con la mayoría absoluta ostentada durante los últimos cuatro años.

Las Sicavs se han convertido en el chivo expiatorio y quizá la parte del sector financiero de la que se han contado innumerables mentiras o lo que es peor medias verdades, como que solo tributan al 1% o que son vehículos de inversión solo para ricos, o bien para evitar el pago de impuestos a grandes fortunas.

Andrés Llorente, fundador de la primera sicav nacida en las redes sociales, Smart Social Sicav, ha indagado en las propuestas de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. A su juicio, «todas ellas muestran el claro deseo de respetar la esencia para las que fueron creadas», ha señalado en su blog de Unience.com.

Qué propone cada partido sobre las Sicav

PP: Los accionistas de una Sicav deberán tener una participación superior al 0,55% para garantizar que estas sociedades se utilicen como instrumentos de inversión colectiva y no como medio para que los grandes patrimonios paguen menos impuestos. Solo se computarán a efectos de número mínimo de 100 accionistas a aquellos que tengan una paricipación superior al 0,55%.

PSOE: «Establecer mayor control de las Sicavs mediante establecimiento de un porcentaje de participación máximo para cada inversor; se estudiará la fijación de un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen; dotar legalmente a la Agencia Tributaria de competencias para supervisar e inspeccionarlas.

Unidos Podemos: Acabar con las Sicavs tal y como las conocemos hasta ahora; «regularán su régimen fiscal para evitar que actúen como pantallas de elusión fiscal de las grandes fortunas» con controles al número real y efectivo de socios, y establecer un período máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas, así como un porcentaje máximo de cada inversor. Asimismo, atribuirán a la Agencia Tributaria la facultad para comprobar el cumplimiento de estos requisitos. «Cuando una Sicav no sea realmente una institución de inversión colectiva se le aplicará el tipo general del Impuesto de Sociedades», afirman.

Ciudadanos: Devolver el control fiscal de las Sicavs a la Agencia Tributaria y no a instituciones que tienen otras funciones como la CNMV, quien las controla actualmente. Promoveremos la apertura de las Sicavs, de tal forma que cualquier ciudadano pueda invertir en las mismas condiciones que los dueños reales de las Sicavs para que las instituciones sean efectivamente de inversión colectiva y no vehículos de inversión privada para grandes fortunas, que son perfectamente lícitos, pero que en ese caso deben tributar como cualquier sociedad.

Llorente ha explicado que hay «dos medidas contrarias a su espíritu», al tiempo que considera que una vez se aborde el tema regulatorio serán «totalmente inviables a las primeras formulaciones».

El PP, contra el pequeño inversor

Desgranando cada una de las propuestas, el fundador de Smart Social Sicav considera la medida del PP como la más «contraintuitiva y perjudicial» para los pequeños inversores, conocidos como ‘mariachis’. Y es que, en lugar de establecer un porcentaje máximo para un sólo accionista del 45,55%, ha fijado el acento en un porcentaje mínimo. De esta forma, «el PP busca eliminar la utilización fraudulenta de la sicav como institución de inversión colectiva exigiendo que ,de los 100 accionistas mínimos en el acto de constitución, al menos 99 ostenten un 54,5% del capital o, lo que es lo mismo, un 0,55% cada uno». Así, un pequeño inversor debería aportar la friolera de 13.200 euros para formar parte de estas sociedades, ya que como mínimo se necesita una aportación total de 2,4 millones de euros para formarla.

El experto critica en tres puntos la medida del PP: «Optar por un límite máximo de participación» es el  «más injusto». «Se excluye al pequeño accionista de acudir a este vehículo de inversión colectiva y se veta la posibilidad de participar en el acto de constitución», ha señalado. Asimismo, ha indicado que imponer una participación mínima se crea un agravio comparativo con los Fondos de Inversión, equiparados a efectos legales y fiscales con las Sicavs; por último cree que hacer esta medida retroactiva con las Sicav ya existentes sería «un contrasentido». Como ejemplo señala: «Una Sicav con 24 millones de euros -tras realizar una ampliación de capital y siendo ese su nuevo capital mínimo estatutario- requeriría que cada accionista tuviera un capital mínimo invertido de 130.000 euros». «Ello convertiría a la Sicav en algo más gravoso que participar en un Fondo de Inversión Libre -los llamados Hedge Fund- donde se considera que sólo puede estar formado por inversores cualificados con una aportación mínima de 50.000 euros», ha considerado. En conclusión, cree que las medidas del PP de Mariano Rajoy penalizan «al pequeño inversor al no permitirle formar parte en el acto de constitución de una Sicav«.

PSOE y Podemos cambiarán la tributación de fondos de pensiones y planes de ahorro

En cuanto a la medida del porcentaje máximo prometida por PSOE y Podemos, Llorente ha apuntado que ninguno de los dos partidos atentaría contra la esencia de estos vehículos de inversión. En caso de que no cumplan con los requisitos, deberán tributar a través del régimen fiscal del Impuesto de Sociedades. A su juicio, esta medida está enmarcada por el carácter peyorativo que se da a las Sicavs. Al respecto, ha apuntado que choca que en el momento de su regulación no se fijara «el requisito de participación colectiva máxima». A su juicio, ve razonable que junto al número mínimo de accionistas «se limite el porcentaje individual de participación en una Sicav», y que por tanto ninguno de los partícipes pueda superar un «determinado porcentaje». «Esta medida conseguiría que la dispersión y participación colectiva fuese real y se acomodara a la naturaleza y fundamento de toda Institución de Inversión Colectiva», ha considerado. Para su cumplimiento, bastaría que la CNMV «supervisara» siguiendo la norma al pie de la letra, «como lo hace actualmente», y que la Agencia Tributaria verificara la corrección formal del régimen fiscal especial.

No obstante, el problema radica justo en la siguiente medida propuesta tanto por PSOE como por Podemos: «El límite máximo de permanencia en las sicavs». A juicio del inversor, esta propuesta es sin duda «la que más daño o perjuicio puede ocasionar a las Sicavs y no es coherente con las otras medidas legislativas que promueven». Y es que, obligar a tributar por Sociedades tras un tiempo dentro de la Sicav rompería con la equivalencia que tienen estos vehículos financieros con los Fondos de Inversión: su régimen jurídico fiscal especial.

«Además debemos recordar que ese régimen jurídico fiscal especial sólo se aplica a las Sicavs y no a sus accionistas los cuales en caso de venta tributan las plusvalias en su IRPF en concepto de rendimientos de su capital mobiliario», ha destacado. «Se crea un agravio comparativo no sólo con los Fondos de Inversión sino incluso con la mera tenencia de acciones en las que sólo se tributa en el momento de la venta de las participaciones o acciones», ha apuntado. Por lo que «sólo puede entenderse una medida semejante en el caso que estos dos partidos pretendan llevar una modificación integral de la fiscalidad de Fondos, Sicavs y Planes de Pensiones penalizando el ahorro en general y eliminando el beneficio fiscal para los traspasos entre Fondos de inversión».

¿Control y regulación bajo la CNMV o Agencia Tributaria?

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos proponen volver a tiempos de ley 2005, cuando la Agencia Tributaria tenía el control sobre estos vehículos de inversión. Con Zapatero en el poder se modificó la norma, y ahora el PSOE quiere enmendarlo. Existen dos sentencias del  Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de finales de 2007 que niegan a la Inspección de Tributos cuestionar las Sicavs en tanto en cuanto no exista una revocación o suspensión de su condición de tales por parte del único supervisor competente, la CNMV.

De esta forma, el marco jurídico ya estaría establecido, y ahora las tres formaciones buscan cambiarlo. A juicio de Llorente, «someter el control de las sicavs a la AEAT sería un agravio comparativo con los Fondos de Inversión al participar , este último, de la misma consideración de institución de inversión colectiva y ser un hecho no discutido que su control y supervisión corresponde a la CNMV».

Ciudadanos propone la apertura de las Sicavs, pese a llevar 10 años en un régimen que lo permite

«Promoveremos la apertura de las Sicav, de tal forma que cualquier ciudadano pueda invertir en las mismas condiciones que los dueños de las mismas (…)», afirma Ciudadanos en su programa, una medida que ya está instaurada desde el 29 de mayo de 2006 con la creación del Mercado Alternativo Bursátil. Asimismo, cualquier particular puede comprar y vender acciones de Sicavs desde el bróker.

Por ello, Llorente cree conveniente «dotar los mecanismos jurídicos apropiados para facilitar que pequeños accionistas puedan aglutinarse y crear estas figuras de inversión colectiva».

Entre las conclusiones, ve como «buena noticia» que ningún partido defienda la extinción de las Sicavs. No obstante, cree que PP, PSOE y Podemos acabarían desnaturalizando la esencia para las que fueron creadas.

Como recordatorio, el 80% de las 3.300 sicavs en España pertenecen a casi una única persona o grupo familiar. «Por lo tanto sólo unas 660 Sicavs serían mercedoras de ese tratamiento fiscal beneficioso y es conveniente que así siga siendo».