Las empresas afectadas por los cambios en las retribuciones de las renovables, que en la mayoría de los casos pertenecen a fondos de inversión que acudieron masivamente a las altas primas de rentabilidad que ofreció Zapatero en 2007, han solicitado al Tribunal Federal de Washington que obligue al Gobierno español a revelar cuentas, activos y contratos en territorio estadounidense, así como información de entidades públicas para determinar si sus bienes pueden embargarse.
El escrito, registrado por el despacho King & Spalding LLP, requiere que España facilite en un plazo máximo de 30 días información detallada sobre sus bienes, cuentas financieras, contratos y activos ubicados en EE.UU., así como datos relativos a entidades públicas o privadas que estén vinculadas al Estado «a través de su accionariado u otro tipo de vínculo», como SEPI, Renfe o Paradores, entre otras.
El objetivo, explican a EFE fuentes de las compañías afectadas, pasa por identificar activos susceptibles de ejecutarse para satisfacer las obligaciones derivadas de los citados laudos arbitrales, una tarea que las propias empresas han desarrollado en paralelo, a través de servicios de consultoría especializados en el rastreo de activos soberanos.
No obstante, el derecho común propio de países como Estados Unidos permite realizar asimismo este tipo de requisitos obligatorios de información cuando se detecten «situaciones de impago e incumplimiento de sentencias».
España deberá ofrecer documentación sobre cuentas bancarias, activos y propiedades, deudas y préstamos, contratos internacionales, entre otros, a los fondos en renovables que han ganado laudos en el CiADI
De esta forma, España deberá ofrecer documentación sobre cuentas bancarias, activos y propiedades, deudas y préstamos, contratos internacionales, transferencias financieras, así como información sobre las entidades estatales como las ya citadas, con el fin de determinar si actúan como «alter ego» del Estado y, por tanto, si sus activos pueden embargarse en este procedimiento.
Este paso, añaden las mismas fuentes, constituye una etapa ordinaria en los procesos de ejecución internacional de laudos en los que, tras una sentencia favorable, se constata un escenario de incumplimiento por parte del deudor, lo que significa que está de acuerdo con las reglas federales de procedimiento civil que se aplican en EE.UU.
Los tribunales norteamericanos ya han emitido siete fallos contra España en las últimas semanas, por un importe total de 688,4 millones de euros.
La deuda total derivada del recorte retroactivo a las primas por las energías renovables asciende a 2.180 millones de euros, cantidad que incluye 1.754,7 millones en indemnizaciones pendientes de pago y 416,4 millones ligados a intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes, añaden las fuentes.