El presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, detenido en el caso del 3%

El presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, detenido en el caso del 3%

02 febrero, 2017
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Actualizado: 02 febrero, 2017 11:49
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La Guardia Civil ha detenido al presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y está realizando registros en una operación relacionada con el caso 3%.

Según ha publicado Economía Digital, entre los 20 detenidos por la Guardia Civil en la «operación Pika» se encuentra el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra. Esta operación es una fase más de las investigaciones sobre el caso del 3% sobre la supuesta financiación ilegal de Convergència (CDC).
Sixte Cambra está al frente del Puerto de Barcelona desde 2011 coincidiendo con la llegada de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat, según recoge el citado diario, que destaca que Cambra forma parte del círculo de amistades íntimas de Mas. De hecho, afirma que mantienen citas con sus respectivas esposas para cenar y dar paseos marítimos. Cambra fue senador de CiU.
Otros de los detenidos por la Guardia Civil son Antoni Vives, ex concejal de Urbanismo de Barcelona en la etapa del alcalde convergente Xavier Trias; y Francesc Sánchez, ex coordinador de régimen interno de Convergència, la actual PDECat que lidera Artur Mas, según recogen informaciones de otros medios.
Según cita Economía Digital, Antoni Vives abandonó el primer plano de la política en septiembre de 2015, «precisamente cuando afloraron las sospechas de corrupción sobre su gestión en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona».  Anteriormente se postuló como un candidato a sustituir a Xavier Trias como cabeza de lista para la Alcaldía de la Ciudad Condal. Vives está estrechamente ligado a Artur Mas, de quien fue su mano derecha cuando el ex presidente de la Generalitat fue consejero de Economía durante la etapa de Jordi Pujol.
Francesc Sánchez también es otro hombre del círculo más próximo de Artur Mas, quien le confió la coordinación de la extinta Convergència, así como la preparación del congreso fundacional del nuevo PDECat. «En estos momentos todavía se encargaba del proceso de liquidación de la vieja CDC», cita el diario.
El tesorero de CDC Andreu Viloca, que en 2015 permaneció en prisión preventiva por su presunta relación con el cobro de comisiones de empresas, ha vuelto a ser detenido este viernes en la cuarta fase del llamado «caso del 3%», que dirige el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).
Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, en la operación desplegada hoy por la Guardia Civil ya han sido detenidas 18 personas presuntamente relacionadas con una trama de empresas que pagó comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obras públicas, en lo que supone la cuarta fase de la investigación, con epicentro en el Ayuntamiento de Barcelona en la etapa de Xavier Trias (CiU).
Además de Viloca, entre los detenidos figuran Ángel S.R., director general de Barcelona Infraestructuras Municipales S.A., y Ernesto E.S., director de obra civil de esta empresa del consistorio encargada de la adjudicación de proyectos públicos.
El tesorero de CDC ya fue detenido en octubre de 2015, en el marco de una fase previa del llamado «caso del 3 %», y permaneció 20 días en prisión preventiva, hasta que la formación le pagó los 250.000 euros de fianza que le exigía el juez para dejarlo en libertad provisional.
En esa ocasión, Andreu Viloca -que sustituyó en el cargo de tesorero a Daniel Osàcar, quien afronta siete años y medio de cárcel por el pago de comisiones a CDC a través del Palau de la Música- fue detenido por los delitos de prevaricación, cohecho, financiación ilegal, alteración de concursos públicos, falsedad y blanqueo de capitales.
A los detenidos en el marco de la operación de hoy se les atribuyen también los delitos de blanqueo, financiación ilegal de partidos políticos, cohecho y malversación.
Viloca ingresó en prisión preventiva por orden del juez instructor, pero la Audiencia de Tarragona lo dejó en libertad, aunque le fijó una fianza de 250.000 euros por considerar que existía riesgo de fuga, dada su relación con un «entramado organizado, con amplia capacidad económica, con contacto con diferentes personas de especial relevancia (…)».

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