Toyota denuncia a España por las renovables

La empresa japonesa de renovables Euros Energy, propiedad de Toyota y Tokyo Electric Power Company, ha presentado una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) contra España, que suma 23 procesos abiertos por cuestiones renovables.

Eurus tiene quince plantas eólicas en España en Asturias y Galicia puestas en marcha desde finales de los años noventa del siglo pasado, que suman una potencia instalada total de más de 550 megavatios (MW).

Según datos publicado en la página web del Ciadi, España suma actualmente 24 procesos de arbitraje en este organismo, de los que 23 están relacionados con cambios en la normativa renovable.

Desde noviembre de 2013, han presentado demandas de arbitraje las sociedades RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation, Cavalum, la eléctrica alemana E.ON, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav y Schwab Holdings, SolEs Badajoz, Hydro Energy 1, Watkins, un grupo de bancos alemanes liderados por Landesbank Baden-Württemberg y, ahora, Eurus.

Además, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con dos en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment, todas ellas por violación de la Carta de la Energía.

Una tercera demanda presentada por la empresa holandesa Charanne y la luxemburguesa Construction Investments ante la Cámara de Comercio de Estocolmo fue desestimada a principios de año, al considerar que no violaba la legislación internacional.

Los demandantes son empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con lo que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías.

Al no contar con límites de instalación, el desarrollo de estas energías encareció el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos.

Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos.