Vivienda destinará dos millones para ayudar al pago del alquiler a personas en riesgo de exclusión

ICAL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció hoy dos millones de euros en ayudas para Cáritas, Cuz Roja y la Fundación Intras para el pago del alquiler a personas “en riesgo de sinhogarismo”. Suárez-Quiñones y el presidente del CES de Castilla y León, Enrique Cabero, inauguraron en la sede de la institución propia en Valladolid, una Jornada sobre exclusión residencial organizada por estas organizaciones, en colaboración con la Junta.

Una cita en la que el consejero relató las iniciativas con las que cuenta su departamento frente a ese riesgo, que calificó como “muy relevantes”. La línea “más específica, dijo, es la que reciben Cáritas, Cuz Roja y la Fundación Intras, que el año pasado contaron con 605.000 euros para alojar a esas personas en riesgo de no tener hogar, informa Ical.

Unos apoyos que se ampliarán a dos millones y que representan una ayuda para pagar a estas personas el 100 por ciento de la renta mensual, con un límite de 600 euros, y la totalidad de los gastos que conlleva la vivienda hasta 200 euros. Unas partidas para dar cobertura a “ese nicho de personas” que reflejan “un riesgo evidente, una situación real” en la Comunidad.

Juan Carlos Suárez-Quiñones destacó que la vivienda es algo “imprescindible” para un proyecto de vida pero en el caso de las personas en exclusión social, “es algo más, es la base fundamental para su integración y poder consolidar una vida digna”.

Más allá de ese colectivo, el consejero remarcó las políticas de vivienda de la Junta para personas vulnerables y recordó los 41 millones en ayudas al alquiler resueltas este mes. De esos, constató, los jóvenes, “un sector muy vulnerable”, reciben 12,6 millones. El consejero agregó que también existen otros programas para colectivos especialmente vulnerables, como las personas que han tenido una pérdida repentina de ingresos del 20 por ciento y el coste del alquiler y de la vivienda les supone más del 30 por ciento de sus rentas. Aseveró que cuentan también con ayudas específicas para las personas que se quedan sin hogar por una sentencia de divorcio, separación o nulidad.

Juan Carlos Suárez-Quiñones subrayó también que el 43 por ciento de las ayudas al alquiler va a personas con menos de 600 euros de ingresos mensuales. “En conjunto, las ayudas al alquiler van dirigidas en general a personas con pocos recursos y muy especialmente a distintos sectores estatificados de vulnerabilidad residencial”, dijo.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio sumó a estos apoyos también, las actuaciones de rehabilitación en favor de personas vulnerables, en los barrios más desfavorecidos, como las obras en áreas de regeneración urbana. Al respecto, remarcó que el Ejecutivo regional dispone de 166 millones de fondos europeos en esta materia, y en estos años invertirá en torno a 500 millones en rehabilitación para “dar accesibilidad, eficiencia energética, más dignidad, seguridad a las viviendas y, por tanto, a las zonas especialmente vulnerables”.

Asimismo, se refirió a los programas específicos con los ayuntamientos para la eliminación del chabolismo; y al parque público de alquiler social, que “crece”, pasará de 2.600 a 4.500 viviendas al final de la legislatura, y pretende dar solución a situaciones de exclusión o riesgo, asignando viviendas a unos precios “testimoniales”. “En definitiva, hablamos de una política de vivienda de la Junta de Castilla y León que en esta legislatura va a mover 719 millones de euros”, precisó.

Un asunto prioritario

Por su parte, el presidente del CES de Castilla y León, Enrique Cabero, expuso que para esta institución propia la vivienda constituye un “asunto prioritario” y apuntó al artículo 47 de la Constitución, donde se recoge como un derecho de todos. “Habla del derecho a una vivienda digna y adecuada en el ámbito de los principios rectores de la política social y económica, muy conectado con el artículo 92 de la Constitución, que pone de relieve ese mandato a los poderes públicos de garantizar que la igualdad, la libertad de los individuos sean reales y efectivas”, apuntó el profesor salmantino.

Cabero trasladó además que se trata de un “derecho multiplicador” que evita la exclusión social, porque, razonó, “supone la plataforma” para el ejercicio de otros muchos, desde la libertad a la educación. “Estamos hablando de un tema crucial, de una de las bases, de los fundamentos de nuestro sistema de Estado social y democrático de derecho”.

Por último, valoró los programas específicos que articula el Ejecutivo regional en esta materia para poder garantizar ese acceso a la vivienda para personas que en otra situación estarían fuera de la igualdad y por tanto en situación de exclusión residencial.