El Gobierno aprueba la modificación de la Ley del Suelo

El objetivo del anteproyecto de ley es “dar seguridad jurídica”

El Consejo de Ministros ha aprobado el texto para modificar la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Ya lo puso en marcha en la anterior legislatura, aunque las elecciones en julio hizo que se quedase en vía muerta cuando iba a anunciar su tramitación parlamentaria. Esta medida pretende establecer seguridad jurídica para que se subsanen “errores “que permitan agilizar algunos de los planes urbanísticos paralizados durante años.

El objetivo del anteproyecto de ley es “dar seguridad jurídica” y “evitar que los errores formales” paralicen los planes urbanísticos. Se trata de evitar que “errores que sean subsanables” puedan “conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística”.

Esta petición se ha llevado a cabo desde comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el propio sector. De momento se trata del primer paso, aunque aún queda su respaldo en el Congreso.

Desde Sumar no está de acuerdo con el mismo, lo cuestionan ya que consideran que en algunos de los puntos que modifica pueden dar lugar a la convalidación de irregularidades urbanísticas. Podemos ya ha anunciado su rechazo.

El texto legal señala esencialmente, “para aportar al ámbito de la planificación territorial y urbanística un conjunto de medidas que refuercen la estabilidad de estos instrumentos y la seguridad jurídica. Las razones que motivan la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana son esencialmente las particularidades del planeamiento de ordenación territorial y urbanística. Se trata de poner especial atención a los trámites procedimentales, a la legitimación para el ejercicio de acciones y a la identificación de los posibles vicios que pudieran comportar su declaración de ilegalidad, todos ellos aspectos de competencia exclusiva del Estado.

El objetivo es “dar seguridad jurídica y dar respuesta a la respuesta de la FEMP y de ayuntamientos, dar estabilidad, certeza y seguridad jurídica”, explicaba Pilar Alegria, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno.

Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) señalan que con la modificación de la Ley del Suelo se da respuesta a una petición unánime de la federación para dar mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos a la hora de tramitar los planes urbanísticos y que por meros defectos formales estos no se queden paralizados.. Además se adoptan medidas que garanticen las inversiones pendientes dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Desde la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña), se valora positivamente que una de las principales medidas en materia de vivienda de este gobierno sea dar luz verde a la reforma de la ley de seguridad jurídica.. Juan Antonio Gómez – Pintado, Presidente de Apce asegura que “si queremos hacer frente a la falta de oferta de vivienda de nuestro país y las dificultades de accesibilidad necesitamos desarrollar y gestionar suelo de manera más eficaz y con mayor seguridad jurídica”.

Desde la asociación consideran que la reforma de la ley que se aprobará será un avance en este sentido. Según datos que maneja APCEspaña, en la actualidad hay casi un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos. Se trata de un dato importante a tener en cuenta en términos de población, porque en estos municipios afectados se concentra una población de casi cuatro millones de personas.

Desde la Confederación Nacional de la Construcción CNC antes de la aprobación del texto, ya propusieron en su Asamblea General un impulso de una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo que garantice la perdurabilidad de los planes urbanísticos.
Una propuesta enmarcada en un decálogo de medidas que la patronal presentó ante la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, con el fin de lograr un aumento de la oferta de viviendas En concreto, CNC recomendó la construcción de 150.000 viviendas al año para aliviar los problemas del mercado inmobiliario. Para ello, la patronal también aboga por un Pacto de Estado sobre la Vivienda que cuente con la participación de las CC AA y entidades locales.

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