Guatemala enfrenta una renovada lucha interna contra la violencia de pandillas y organizaciones criminales, reflejada en la reciente decisión del Ejecutivo de decretar un estado de sitio por 30 días. El gobierno sostiene que la medida no afectará la vida cotidiana ni el funcionamiento institucional, aunque sí endurece el marco legal para recuperar territorios y entidades capturadas por el crimen. Entre los pros se destaca la capacidad de reacción inmediata del Estado; entre los contras, el riesgo de abusos y la normalización de medidas excepcionales. La comparación con El Salvador es inevitable: el modelo de mano dura del presidente Nayib Bukele ha reducido drásticamente los homicidios, pero a costa de cuestionamientos sobre derechos humanos y concentración de poder.
En paralelo, el repliegue militar de Estados Unidos en Europa reabre el debate sobre la disuasión continental. La reducción de presencia estadounidense obliga a los países europeos a reforzar su autonomía estratégica, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y amenazas híbridas que ponen a prueba la seguridad regional.
