Radar Empresarial: Paramount negocia con California para que el estado retire su demanda antimonopolio
Hoy en el Radar Empresarial repasamos las trabas regulatorias que enfrenta Paramount para cerrar definitivamente su fusión con Warner. Uno de los principales frenos proviene de California y otros 11 estados —entre ellos Nueva York, Washington y Arizona—, que el 23 de julio presentaron una demanda contra la compañía por posible posición monopolística en el sector audiovisual. No obstante, los estudios mantienen conversaciones con California para retirar el veto, y todo apunta a que deberán aceptar varias contrapartidas. Según publica hoy el Wall Street Journal, una de ellas sería un desembolso considerable en la región, cercano a los 1.500 millones de dólares, además de comprometerse a mantener su sede en el estado sin desprenderse de ningún estudio.
¿Qué medidas barajan los estados para Paramount?
Entre las medidas que se barajan figura también la desinversión en determinados activos estratégicos, como una posible venta de su participación en los estudios Miramax, así como en algunos canales de cable. Con ello, apunta el diario, se pretendería salvaguardar la independencia editorial de CNN. Asimismo, se estudian sanciones económicas, como una multa de 30 millones de dólares por cada película que la compañía no consiga estrenar. Todas estas condiciones buscan evitar una demanda antimonopolio capaz de tirar por tierra los avances logrados durante los últimos meses de negociación.
Sin embargo, no todo el sector respalda un posible acuerdo. Distintas voces del mundo cinematográfico han pedido al fiscal general de California, Rob Bonta, que mantenga firme su demanda. Entre ellas destaca el actor Mark Ruffalo, quien a través de su cuenta en X le instó a «no ceder ni planteárselo siquiera». Meses atrás, Ruffalo y otras figuras de Hollywood habían firmado una carta conjunta oponiéndose a la fusión, lo que llevó a Paramount a acusarlo públicamente de antisemitismo.
Bonta y los argumentos antimonopolio contra la compañía
¿Cuáles son los argumentos que esgrimen Bonta y el resto de fiscales para sostener que la operación incumple la normativa antimonopolio? El principal es que la unión juntaría a dos de los cinco mayores estudios cinematográficos del país. Además, sostienen que encarecería los precios para los usuarios, reduciría la oferta y diversidad de contenidos, perjudicaría a cines y distribuidores, limitaría la competencia por el talento del sector y otorgaría a la nueva compañía mayor capacidad de presión frente a guionistas, actores y demás trabajadores del medio.
